El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas justificó el último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que mantiene a Bolivia en una lista de países cuestionados por deficiencias detectadas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La cartera de Estado, en un documento de respuesta a un cuestionario de Los Tiempos la pasada semana, indicó que las conclusiones emitidas por el GAFI fueron efectuadas sobre la base de un análisis preliminar y sobre el que el Gobierno no pudo aclarar los puntos cuestionados.
Sin embargo, una delegación presidida por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, participó de la reunión plenaria del GAFI en París, Francia, entre 24 y 28 de octubre pasado, para explicar las medidas que el país ha tomado para hacer frente al “blanqueo” de capitales. El Ministerio confirmó que en el encuentro la autoridad “expuso los avances realizados”.
La delegación boli viana estuvo además conformada por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, y la directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariela Sánchez Salas.
El Ministerio de Economía dijo que previa a la reunión de París, el 13 de septiembre Bolivia presentó ante el grupo revisor del GAFI los avances realizados por Bolivia para superar las deficiencias encontradas y demostrar el cumplimiento del plan de acción propuesto. Sin embargo, esta presentación previa no habría convencido al organismo internacional que tampoco, según la versión del Gobierno, solicitó explicaciones “que contribuyeran a la objetividad de los criterios expuestos en su informe” final publicado el viernes pasado.Avances
Según el Ministerio, el Gobierno presentó al GAFI la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo que superaba la deficiencia de la carencia en el Código Penal de la tipificación de este delito y además modificaba los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas endure ciendo las penas.
Agregó que esa norma además otorga mayores facultades a la UIF para la investigación de ese delito e incluye a diferentes personas jurídicas como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo.
La cartera de Estado, en un documento de respuesta a un cuestionario de Los Tiempos la pasada semana, indicó que las conclusiones emitidas por el GAFI fueron efectuadas sobre la base de un análisis preliminar y sobre el que el Gobierno no pudo aclarar los puntos cuestionados.
Sin embargo, una delegación presidida por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, participó de la reunión plenaria del GAFI en París, Francia, entre 24 y 28 de octubre pasado, para explicar las medidas que el país ha tomado para hacer frente al “blanqueo” de capitales. El Ministerio confirmó que en el encuentro la autoridad “expuso los avances realizados”.
La delegación boli viana estuvo además conformada por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, y la directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariela Sánchez Salas.
El Ministerio de Economía dijo que previa a la reunión de París, el 13 de septiembre Bolivia presentó ante el grupo revisor del GAFI los avances realizados por Bolivia para superar las deficiencias encontradas y demostrar el cumplimiento del plan de acción propuesto. Sin embargo, esta presentación previa no habría convencido al organismo internacional que tampoco, según la versión del Gobierno, solicitó explicaciones “que contribuyeran a la objetividad de los criterios expuestos en su informe” final publicado el viernes pasado.Avances
Según el Ministerio, el Gobierno presentó al GAFI la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo que superaba la deficiencia de la carencia en el Código Penal de la tipificación de este delito y además modificaba los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas endure ciendo las penas.
Agregó que esa norma además otorga mayores facultades a la UIF para la investigación de ese delito e incluye a diferentes personas jurídicas como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo.
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