Los mayores obstáculos para resolver las denuncias y casos relacionados con lavado dinero en Bolivia son la falta de autoridades judiciales comprometidas y capacitadas en este tipo de casos, los problemas para aplicar y cumplir la norma y una Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) muy pequeña, explicó ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Para el fiscal del Distrito Judicial de Cochabamba, Camilo Medina, el Órgano Judicial tiene muchas dificultades para investigar los casos de lavado de dinero en el país.
La autoridad dijo que también hay dejadez de los jueces y un Ministerio Público débil, razones por las que Bolivia no ha avanzado en la lucha contra el denominado “blanqueo”.
“Hemos visto una dejadez por parte de los jueces que es alarmante”, indicó Suxo en una entrevista con Los Tiempos.
La Ministra explicó así por qué —entre 2006 y 2010— no hubo ninguna sentencia condenatoria en 44 c asos de lavado que llegaron a la justicia, mientras la UIF recibió un total de 835 denuncias relacionadas en ese mismo período, de acuerdo con datos del informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaborado en junio de este año por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) con la colaboración del Gobierno de Bolivia.
Para Suxo, también existen dificultades en la ejecución de lo que dicen las leyes. “Hay muchas cosas que están en la norma, diría que hay una hiperinflación de normativa para todo, lo que no hay es concientización, pero no sólo de las autoridades sino también de la ciudadanía sobre el cumplimiento de la norma”, añadió.
Entre las deficiencias normativas que el Gafisud halló está la inadecuada tipificación de la legitimación de ganancias ilícitas contenida en el Artículo 185 bis del Código Penal, modificado por la Ley 004.
Suxo señaló también que la UIF boliviana es una entidad muy pequeña, con personal reducido que, si bien está capacitado en el tema, no es suficiente.
“A veces también hay bancos que se niegan a dar información o tardan en dar información. Esa es una de las razones por las que se hizo el decreto para exhortar a los bancos a que den información oportuna, clara, para este tipo de acción. Es una cultura en la que estamos empezando a trabajar”, destacó la autoridad.
Agregó que el Ejecutivo ha hecho avances para generar normas que permitan hacer frente a la legitimación de ganancias ilícitas y destacó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz —que se aplica especialmente a casos de corrupción—, así como el endurecimiento de las sanciones en el Código Penal.
Para el fiscal del Distrito Judicial de Cochabamba, Camilo Medina, el Órgano Judicial tiene muchas dificultades para investigar los casos de lavado de dinero en el país.
La autoridad dijo que también hay dejadez de los jueces y un Ministerio Público débil, razones por las que Bolivia no ha avanzado en la lucha contra el denominado “blanqueo”.
“Hemos visto una dejadez por parte de los jueces que es alarmante”, indicó Suxo en una entrevista con Los Tiempos.
La Ministra explicó así por qué —entre 2006 y 2010— no hubo ninguna sentencia condenatoria en 44 c asos de lavado que llegaron a la justicia, mientras la UIF recibió un total de 835 denuncias relacionadas en ese mismo período, de acuerdo con datos del informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaborado en junio de este año por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) con la colaboración del Gobierno de Bolivia.
Para Suxo, también existen dificultades en la ejecución de lo que dicen las leyes. “Hay muchas cosas que están en la norma, diría que hay una hiperinflación de normativa para todo, lo que no hay es concientización, pero no sólo de las autoridades sino también de la ciudadanía sobre el cumplimiento de la norma”, añadió.
Entre las deficiencias normativas que el Gafisud halló está la inadecuada tipificación de la legitimación de ganancias ilícitas contenida en el Artículo 185 bis del Código Penal, modificado por la Ley 004.
Suxo señaló también que la UIF boliviana es una entidad muy pequeña, con personal reducido que, si bien está capacitado en el tema, no es suficiente.
“A veces también hay bancos que se niegan a dar información o tardan en dar información. Esa es una de las razones por las que se hizo el decreto para exhortar a los bancos a que den información oportuna, clara, para este tipo de acción. Es una cultura en la que estamos empezando a trabajar”, destacó la autoridad.
Agregó que el Ejecutivo ha hecho avances para generar normas que permitan hacer frente a la legitimación de ganancias ilícitas y destacó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz —que se aplica especialmente a casos de corrupción—, así como el endurecimiento de las sanciones en el Código Penal.
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