Las empresas nacionales Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) y la Empresa Boliviana de Construcción (EBC), recientemente creada por el Estado, tienen tres meses de plazo para iniciar la construcción de la carretera Villa Tunari-Isinuta, según prevé el contrato de construcción suscrito el pasado fin de semana entre ejecutivos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las empresas contratistas.
Según datos oficiales, la vía tiene 47 kilómetros de largo y una inversión de 32,5 millones de dólares. Inicialmente, la obra estaba a cargo de la constructora brasileña OAS y correspondía al tramo I de la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo trazo pasa por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y su construcción está en proceso de consulta. OAS también estaba a cargo del tramo III, pero hace unos cinco meses el Gobierno rompió el contrato para ambos tramos argumentando incumplimiento de plazos.
Según el con trato, en los próximos 90 días las empresas adjudicatarias deberán contratar personal y formular sus requerimientos económicos (adelantos de hasta un 20 por ciento) para movilizar equipos, maquinaria y recursos humanos a los campamentos de operaciones, que serán instalados en las localidades de Villa Tunari, Eterazama e Isinuta.
Asimismo, técnicos de la AMVI y la EBC deberán readecuar los estudios a diseño final y de pre inversión presentados por la brasileña OAS, introduciendo algunas variantes o ejecutando obras complementarias que vean convenientes, como puentes o alcantarillas.
Se estima que la etapa de preparación de la plataforma para la construcción del tramo Villa Tunari-Isinuta demandará alrededor de 500 empleos directos y que la etapa de vaciado de asfalto demandará uno 750 empleos, al margen de otra cantidad similar de empleos indirectos en los rubros de transporte, alimentos y otros servicios.
Bajo la modalidad de llave en mano, las empresas constructo ras deberán hacer la entrega definitiva de la obra dentro de 1.020 dí as, es decir algo más de tres años.
Piden transparencia
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Cochabamba, Hernán Orellana, demandó al Gobierno transparentar el proceso de adjudicación de la obra, considerando la millonaria inversión.
Según Orellana, existen muchas dudas respecto a que si ambas empresas constructoras se adjudicaron también la realización de los estudios de pre inversión, a diseño final e incluso a nivel Técnico, Económico Social y Ambiental (TESA), norma aprobada por el Gobierno para definir toda inversión pública.
“Todo fue sorpresivo y poco transparente (…). Como instancia de fiscalización técnica no sabemos cuál es la situación real del proyecto”, sostuvo.
Según datos oficiales, la vía tiene 47 kilómetros de largo y una inversión de 32,5 millones de dólares. Inicialmente, la obra estaba a cargo de la constructora brasileña OAS y correspondía al tramo I de la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo trazo pasa por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y su construcción está en proceso de consulta. OAS también estaba a cargo del tramo III, pero hace unos cinco meses el Gobierno rompió el contrato para ambos tramos argumentando incumplimiento de plazos.
Según el con trato, en los próximos 90 días las empresas adjudicatarias deberán contratar personal y formular sus requerimientos económicos (adelantos de hasta un 20 por ciento) para movilizar equipos, maquinaria y recursos humanos a los campamentos de operaciones, que serán instalados en las localidades de Villa Tunari, Eterazama e Isinuta.
Asimismo, técnicos de la AMVI y la EBC deberán readecuar los estudios a diseño final y de pre inversión presentados por la brasileña OAS, introduciendo algunas variantes o ejecutando obras complementarias que vean convenientes, como puentes o alcantarillas.
Se estima que la etapa de preparación de la plataforma para la construcción del tramo Villa Tunari-Isinuta demandará alrededor de 500 empleos directos y que la etapa de vaciado de asfalto demandará uno 750 empleos, al margen de otra cantidad similar de empleos indirectos en los rubros de transporte, alimentos y otros servicios.
Bajo la modalidad de llave en mano, las empresas constructo ras deberán hacer la entrega definitiva de la obra dentro de 1.020 dí as, es decir algo más de tres años.
Piden transparencia
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Cochabamba, Hernán Orellana, demandó al Gobierno transparentar el proceso de adjudicación de la obra, considerando la millonaria inversión.
Según Orellana, existen muchas dudas respecto a que si ambas empresas constructoras se adjudicaron también la realización de los estudios de pre inversión, a diseño final e incluso a nivel Técnico, Económico Social y Ambiental (TESA), norma aprobada por el Gobierno para definir toda inversión pública.
“Todo fue sorpresivo y poco transparente (…). Como instancia de fiscalización técnica no sabemos cuál es la situación real del proyecto”, sostuvo.
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