La incertidumbre aflige a los afiliados del Sindicato 23 de Marzo, comunidad Ichoa Piedra Blanca, en el Chapare, debido a que hasta la fecha desconocen la cantidad de hectáreas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) requerirá expropiarles para construir la planta de urea y amoniaco de Carrasco y tampoco el precio que pagará por hectárea, según los dirigentes Pascual Vega y María Elena Tapia.
Hace tres semanas que YPFB firmó el contrato de construcción del complejo petroquímico con la empresa coreana Samsung Engineering, a la que impuso ocho boletas de garantía y una cláusula anticorrupción; sin embargo, aún no entregó saneadas las tierras en las que se emplazará la obra, que tiene una inversión de 843 millones de dólares, según datos oficiales.
En los últimos cinco meses, los dirigentes de ese sindicato contaron que fueron convocados a más de una veintena de reuniones con autoridades de YPFB, de la Federación de Colonizadores y de la Alcaldía de Entre R íos, en procura de demarcar la zona donde será emplazado el complejo industrial, definir la modalidad de transferencia de terrenos (expropiación o venta directa) y establecer tanto el pago como el inicio de obras; pero el único resultado concreto fue un acta de entendimiento que establece un precio referencial de 2.500 dólares por hectárea y el compromiso de no entorpecer el proyecto.
Sobre la cantidad de hectáreas que se requiere para implementar el proyecto, el alcalde Entre Ríos, Aurelio Rojas, informó que inicialmente se habló de 400 hectáreas (superficie ocupada por 14 familias), posteriormente de 380 y últimamente de apenas 213 (10 familias), debido a que durante las negociaciones algunos propietarios desistieron de vender sus propiedades y otros exigieron hasta 7 mil dólares por hectárea.
El Oficial Mayor, José Samuel Jiménez, acotó que la infraestructura básica del complejo petroquímico será emplazada en 70 a 80 hectáreas solamente y que el resto será utilizado como “área de amortiguamiento”, una medida de seguridad para los vecinos ante cualquier fuga, explosión, contaminación ambiental o auditiva, entre otros, que pueda presentarse en la etapa de producción.
“Por ahí andan diciendo que si no aceptamos 2.500 dólares nos van a expropiar por menos de 1.500 dólares, lo que sería realmente muy malo porque muchos no tenemos más que esa propiedad”, comentó un vecino de la comunidad que tiene seis hectáreas comprometidas con el proyecto y prefiere guardar en reserva su nombre.
Mientras el Alcalde da por hecho el pago de 2.500 dólares por hectárea, Vega y Tapia insisten en que el precio es referencial y abrigan la esperanza de que sea mayor, considerando que las 10 familias afectadas llegarían a perder toda su propiedad.
“Es un monto que puede cambiar y esperamos que cambie antes de iniciar las obras, porque realmente es muy poco. Muchos compañeros quedarían en la calle porque con la venta de toda su propiedad no alcanzarían a obtener un lote urbano que está por los 8 a 10 mil dólares”, comentó Vega, secretario general del sindicato.
Agregó que los dirigentes se vieron presionados por el pueblo, las autoridades locales y YPFB a firmar el acta debido a que, si no lo hacían, serían acusados de ahuyentar 843 millones de dólares de inversión y bloquear la industrialización de los hidrocarburos en el municipio.
La ausencia institucional de YPFB como de la coreana Samsung, en la zona, acrecienta la incertidumbre de los comunarios y de las mismas autoridades, quienes esperan el inicio de obras.Expectativa Polo de desarrollo
en el municipio de Entre RíosCon el emplazamiento de las plantas de urea y amoniaco en la comunidad Ichoa Piedra Blanca, en el municipio de Entre Ríos, la zona se perfila como un nuevo polo de desarrollo nacional, debido a que no solamente producirá fertilizantes; sino también energía, en la Termoeléctrica del mismo nombre; hidrocarburos en los bloques Chimoré y Mamoré, con las empres as Chaco YPFB y Repsol, respectivamente; además de jugos y conservas de frutas tropicales en la planta procesadora de alimentos Entre Ríos.
Por otra parte, se proyecta la producción de grandes volúmenes de arroz, soya y maíz en aproximadamente 2 mil hectáreas contiguas al municipio de Bulo Bulo y la producción masiva de piña, principal rubro productivo del municipio para la exportación, comentó el Oficial Mayor de Entre Ríos, José Samuel Jiménez.
Acotó que la comercialización de urea y amoniaco demandará la construcción adicional de un kilómetro y medio de una doble vía y una línea férrea entre el complejo y la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba.
“Con esta nueva realidad económica, nuestro presupuesto anual también se ha multiplicado en los últimos cinco años de 18 a 29 millones de bolivianos. Si sumamos la cooperación externa, particularmente a productos tradicionales como piña, arroz, carne y leche de vaca, banano, para el mercado nacional, llegamos a 80 millones este año”, sostuvo el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas.
Hace tres semanas que YPFB firmó el contrato de construcción del complejo petroquímico con la empresa coreana Samsung Engineering, a la que impuso ocho boletas de garantía y una cláusula anticorrupción; sin embargo, aún no entregó saneadas las tierras en las que se emplazará la obra, que tiene una inversión de 843 millones de dólares, según datos oficiales.
En los últimos cinco meses, los dirigentes de ese sindicato contaron que fueron convocados a más de una veintena de reuniones con autoridades de YPFB, de la Federación de Colonizadores y de la Alcaldía de Entre R íos, en procura de demarcar la zona donde será emplazado el complejo industrial, definir la modalidad de transferencia de terrenos (expropiación o venta directa) y establecer tanto el pago como el inicio de obras; pero el único resultado concreto fue un acta de entendimiento que establece un precio referencial de 2.500 dólares por hectárea y el compromiso de no entorpecer el proyecto.
Sobre la cantidad de hectáreas que se requiere para implementar el proyecto, el alcalde Entre Ríos, Aurelio Rojas, informó que inicialmente se habló de 400 hectáreas (superficie ocupada por 14 familias), posteriormente de 380 y últimamente de apenas 213 (10 familias), debido a que durante las negociaciones algunos propietarios desistieron de vender sus propiedades y otros exigieron hasta 7 mil dólares por hectárea.
El Oficial Mayor, José Samuel Jiménez, acotó que la infraestructura básica del complejo petroquímico será emplazada en 70 a 80 hectáreas solamente y que el resto será utilizado como “área de amortiguamiento”, una medida de seguridad para los vecinos ante cualquier fuga, explosión, contaminación ambiental o auditiva, entre otros, que pueda presentarse en la etapa de producción.
“Por ahí andan diciendo que si no aceptamos 2.500 dólares nos van a expropiar por menos de 1.500 dólares, lo que sería realmente muy malo porque muchos no tenemos más que esa propiedad”, comentó un vecino de la comunidad que tiene seis hectáreas comprometidas con el proyecto y prefiere guardar en reserva su nombre.
Mientras el Alcalde da por hecho el pago de 2.500 dólares por hectárea, Vega y Tapia insisten en que el precio es referencial y abrigan la esperanza de que sea mayor, considerando que las 10 familias afectadas llegarían a perder toda su propiedad.
“Es un monto que puede cambiar y esperamos que cambie antes de iniciar las obras, porque realmente es muy poco. Muchos compañeros quedarían en la calle porque con la venta de toda su propiedad no alcanzarían a obtener un lote urbano que está por los 8 a 10 mil dólares”, comentó Vega, secretario general del sindicato.
Agregó que los dirigentes se vieron presionados por el pueblo, las autoridades locales y YPFB a firmar el acta debido a que, si no lo hacían, serían acusados de ahuyentar 843 millones de dólares de inversión y bloquear la industrialización de los hidrocarburos en el municipio.
La ausencia institucional de YPFB como de la coreana Samsung, en la zona, acrecienta la incertidumbre de los comunarios y de las mismas autoridades, quienes esperan el inicio de obras.Expectativa Polo de desarrollo
en el municipio de Entre RíosCon el emplazamiento de las plantas de urea y amoniaco en la comunidad Ichoa Piedra Blanca, en el municipio de Entre Ríos, la zona se perfila como un nuevo polo de desarrollo nacional, debido a que no solamente producirá fertilizantes; sino también energía, en la Termoeléctrica del mismo nombre; hidrocarburos en los bloques Chimoré y Mamoré, con las empres as Chaco YPFB y Repsol, respectivamente; además de jugos y conservas de frutas tropicales en la planta procesadora de alimentos Entre Ríos.
Por otra parte, se proyecta la producción de grandes volúmenes de arroz, soya y maíz en aproximadamente 2 mil hectáreas contiguas al municipio de Bulo Bulo y la producción masiva de piña, principal rubro productivo del municipio para la exportación, comentó el Oficial Mayor de Entre Ríos, José Samuel Jiménez.
Acotó que la comercialización de urea y amoniaco demandará la construcción adicional de un kilómetro y medio de una doble vía y una línea férrea entre el complejo y la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba.
“Con esta nueva realidad económica, nuestro presupuesto anual también se ha multiplicado en los últimos cinco años de 18 a 29 millones de bolivianos. Si sumamos la cooperación externa, particularmente a productos tradicionales como piña, arroz, carne y leche de vaca, banano, para el mercado nacional, llegamos a 80 millones este año”, sostuvo el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas.
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