La Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) I recibió invitación directa de parte del Gobierno para ejecutar, junto a la Empresa Boliviana de Construcción (EBC), la construcción de la vía Villa Tunari-Isinuta, según confirmó ayer a este medio su gerente general, Gregorio Cossío.
La AMVI I es de propiedad comunal y está a cargo de los cocaleros de la Federación del Trópico, de la Federación Yungas Chapare y de la Federación Centrales Unidas. Junto a la AMVI II, fue impulsada por Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) como parte de un sistema de mantenimiento vial participativo implementado en el trópico de Cochabamba desde 2002, según consta en un reporte de la agencia norteamericana del 24 de octubre de 2006, al que tuvo acceso este medio.
La invitación directa a ambas empresas, una estatal y otra comunal, es calificada como “competencia desleal” por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), J aime Ponce, y el analista económico Julio Alvarado señala que se trata de una conducta recurrente del Gobierno para evitar la fiscalización.
Extraoficialmente, se conoce que existiría una figura legal, relacionada con la conformación de la estatal EBC, que permite a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizar la invitación directa a ambas empresas.
La AMVI I, que el fin de semana firmó contrato con el Gobierno para la construcción de la vía, no tiene registro en Fundempresa; pero cuenta con la Resolución Prefectural RAP Nº 035/02, aprobada el 15 de febrero de 2002, que le reconoce su personería jurídica. La representante regional de Fundempresa, Carmen Julia Pozo, explicó que ese documento se otorga a las entidades constituidas entre una ONG y una Sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Según el citado informe de 2006, Usaid financiaba 80 por ciento de las obras de mantenimiento vial y las comunidades el 20 por ciento. Cossío contó que a su salida, hace unos cuatro años, Usaid dejó un stock de equipo s que a la fecha fue “duplicado”.
Añadió que la asociación mantiene la figura jurídica con la que se creó pero, para participar en contratos como el que se firmó con el Gobierno, hicieron algunas modificaciones a sus estatutos, que fueron “de forma y no de fondo”.
Mencionó entre los contratos de la AMVI I la construcción de la vía Muyupampa-Monteagudo y la vía Puente Taperas-Olmedo, en la Y de la Integración, donde trabajan en asociación con otras empresas con las que fueron contratados a través de una licitación.
La AMVI I es de propiedad comunal y está a cargo de los cocaleros de la Federación del Trópico, de la Federación Yungas Chapare y de la Federación Centrales Unidas. Junto a la AMVI II, fue impulsada por Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) como parte de un sistema de mantenimiento vial participativo implementado en el trópico de Cochabamba desde 2002, según consta en un reporte de la agencia norteamericana del 24 de octubre de 2006, al que tuvo acceso este medio.
La invitación directa a ambas empresas, una estatal y otra comunal, es calificada como “competencia desleal” por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), J aime Ponce, y el analista económico Julio Alvarado señala que se trata de una conducta recurrente del Gobierno para evitar la fiscalización.
Extraoficialmente, se conoce que existiría una figura legal, relacionada con la conformación de la estatal EBC, que permite a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizar la invitación directa a ambas empresas.
La AMVI I, que el fin de semana firmó contrato con el Gobierno para la construcción de la vía, no tiene registro en Fundempresa; pero cuenta con la Resolución Prefectural RAP Nº 035/02, aprobada el 15 de febrero de 2002, que le reconoce su personería jurídica. La representante regional de Fundempresa, Carmen Julia Pozo, explicó que ese documento se otorga a las entidades constituidas entre una ONG y una Sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Según el citado informe de 2006, Usaid financiaba 80 por ciento de las obras de mantenimiento vial y las comunidades el 20 por ciento. Cossío contó que a su salida, hace unos cuatro años, Usaid dejó un stock de equipo s que a la fecha fue “duplicado”.
Añadió que la asociación mantiene la figura jurídica con la que se creó pero, para participar en contratos como el que se firmó con el Gobierno, hicieron algunas modificaciones a sus estatutos, que fueron “de forma y no de fondo”.
Mencionó entre los contratos de la AMVI I la construcción de la vía Muyupampa-Monteagudo y la vía Puente Taperas-Olmedo, en la Y de la Integración, donde trabajan en asociación con otras empresas con las que fueron contratados a través de una licitación.
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