Descrédito de los empresarios bolivianos, decisiones relacionadas con política y no con la racionalidad económica, expropiaciones “innecesarias” que ahuyentan la inversión extranjera, obstáculos para la creación de empresas mixtas, falta de respeto a los derechos empresariales y declaraciones “irresponsables” de algunas autoridades son parte del reclamo público hecho ayer por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de una solicitada dirigida al Gobierno.
La publicación de prensa fue hecha a pocos días de que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) multara con 400.000 bolivianos a Soboce por infringir la norma comercial y con 185.000 a Aerosur por violar el Código de Comercio.
Ambas acciones fueron cuestionadas por el empresariado boliviano. El presidente de Aerosur, Humberto Roca, quien hace algunos meses libró una acre guerra mediática con el vicepresidente Álvaro García, dijo que cumpliría c on el pago de la multa a pesar de que consideraba que los errores cometidos por su equipo de Contabilidad “no fueron de gran impacto” y sostuvo que el Gobierno “no quiere” a la empresa privada y tampoco se interesa por ella.
La solicitada señala, entre otros puntos, que las decisiones para expropiar o recuperar empresas, que antes pasaron al sector privado, deben obedecer a principios económicos y no a objetivos políticos.
En su punto más álgido, la CEPB señala que las autoridades deberían decidir si “desean o no desean que exista actividad privada” pues no basta con que la Constitución Política del Estado garantice la propiedad y la empresa privada si los empresarios estarán sometidos a “tantas presiones y restricciones”.
La publicación de prensa fue hecha a pocos días de que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) multara con 400.000 bolivianos a Soboce por infringir la norma comercial y con 185.000 a Aerosur por violar el Código de Comercio.
Ambas acciones fueron cuestionadas por el empresariado boliviano. El presidente de Aerosur, Humberto Roca, quien hace algunos meses libró una acre guerra mediática con el vicepresidente Álvaro García, dijo que cumpliría c on el pago de la multa a pesar de que consideraba que los errores cometidos por su equipo de Contabilidad “no fueron de gran impacto” y sostuvo que el Gobierno “no quiere” a la empresa privada y tampoco se interesa por ella.
La solicitada señala, entre otros puntos, que las decisiones para expropiar o recuperar empresas, que antes pasaron al sector privado, deben obedecer a principios económicos y no a objetivos políticos.
En su punto más álgido, la CEPB señala que las autoridades deberían decidir si “desean o no desean que exista actividad privada” pues no basta con que la Constitución Política del Estado garantice la propiedad y la empresa privada si los empresarios estarán sometidos a “tantas presiones y restricciones”.
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