El Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) dijo ayer que espera un proceso “justo” de negociación para una indemnización por la reversión del 33,4% de acciones de Soboce en Fancesa y anunció que seguirá invirtiendo en Bolivia.
Manuel Milán, director general de GCC, señaló que un arbitraje sería un “extremo” al que no quieren llegar. “No quisiéramos llevar esto a un proceso confrontacional. No venimos a pelarnos, venimos a escuchar y a buscar una solución”, dijo.
El Grupo Cementos de Chihuahua comenzó a invertir en el país hace cinco años y es dueño del 47 por ciento de Soboce.
Milán llegó ayer a Bolivia junto con Jaime Fernández, director de Planificación de GCC, para reunirse con las autoridades bolivianas y dirigentes empresariales. Está previsto para hoy un encuentro con autoridades de la Cancillería y el lunes con la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
Los ejecutivos de la mexicana conversaron ayer con el pr esidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.Argumentos
El Gobierno emitió un decreto hace dos semanas con el que expropia las acciones de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) en la cementera Fancesa con el argumento de que la venta del paquete, que antes pertenecía a la ex prefectura de Chuquisaca, fue ilegal.
Milán señaló, en una conferencia de prensa en instalaciones de la CEPB, que su visita a La Paz tiene también el propósito de “entender exactamente desde las razones que propiciaron” la reversión.
Sobre la compensación por el 33,4 por ciento de las acciones en Fancesa, el ejecutivo de Cementos de Chihuahua prefirió no dar cifras e indicó que el monto al que hizo referencia Samuel Doria Medina, principal accionista de Soboce, de unos 80 millones de dólares, es un referente.
“La valoración que dio Samuel Doria fue simplemente como ejemplo, no quisiera que la tomaran como ‘la valor ación’. Ustedes pueden llegar a conclusiones totalmente diferen tes a ésa dependiendo de qué utilicen como método, desde valor en libros hasta lo que llaman flujo descontado de caja y les va a dar valores diferentes”, explicó.
Milán, que estuvo acompañado ayer en la CEPB por el presidente del directorio de Soboce, Juan Carlos Requena, afirmó que el Grupo Cementos de Chihuahua tiene planes de quedarse en Bolivia.
“Hemos llegado con Soboce a un acuerdo de permanecer otros cinco años y creemos en Bolivia, creemos que es un país hermano, una economía con mucho potencial, y por lo pronto estaremos aquí otros cinco años”, indicó.
Agregó que la empresa mexicana recibió con sorpresa la reversión de las acciones en Soboce. “Pero obviamente es una circunstancia que no esta pasando solamente en Bolivia y son cosas del oficio, no nos gusta, nos sorprendieron y quisiéramos terminar con este proceso de una manera transparente, justa y rápida”, apuntó Milán.
En tanto, el embajador de México en Bolivia, R afel Cervantes, dijo ayer en la mañana que el Gobierno de su país espera una compensación “justa” por la expropiación de acciones de GCC. “Asumimos la reversión con respeto, porque es un proceso que está permitido en la Constitución de Bolivia, pero se afectan intereses privados extranjeros, por lo que pensamos que se pagará un precio justo”, señaló.
Manuel Milán, director general de GCC, señaló que un arbitraje sería un “extremo” al que no quieren llegar. “No quisiéramos llevar esto a un proceso confrontacional. No venimos a pelarnos, venimos a escuchar y a buscar una solución”, dijo.
El Grupo Cementos de Chihuahua comenzó a invertir en el país hace cinco años y es dueño del 47 por ciento de Soboce.
Milán llegó ayer a Bolivia junto con Jaime Fernández, director de Planificación de GCC, para reunirse con las autoridades bolivianas y dirigentes empresariales. Está previsto para hoy un encuentro con autoridades de la Cancillería y el lunes con la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
Los ejecutivos de la mexicana conversaron ayer con el pr esidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.Argumentos
El Gobierno emitió un decreto hace dos semanas con el que expropia las acciones de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) en la cementera Fancesa con el argumento de que la venta del paquete, que antes pertenecía a la ex prefectura de Chuquisaca, fue ilegal.
Milán señaló, en una conferencia de prensa en instalaciones de la CEPB, que su visita a La Paz tiene también el propósito de “entender exactamente desde las razones que propiciaron” la reversión.
Sobre la compensación por el 33,4 por ciento de las acciones en Fancesa, el ejecutivo de Cementos de Chihuahua prefirió no dar cifras e indicó que el monto al que hizo referencia Samuel Doria Medina, principal accionista de Soboce, de unos 80 millones de dólares, es un referente.
“La valoración que dio Samuel Doria fue simplemente como ejemplo, no quisiera que la tomaran como ‘la valor ación’. Ustedes pueden llegar a conclusiones totalmente diferen tes a ésa dependiendo de qué utilicen como método, desde valor en libros hasta lo que llaman flujo descontado de caja y les va a dar valores diferentes”, explicó.
Milán, que estuvo acompañado ayer en la CEPB por el presidente del directorio de Soboce, Juan Carlos Requena, afirmó que el Grupo Cementos de Chihuahua tiene planes de quedarse en Bolivia.
“Hemos llegado con Soboce a un acuerdo de permanecer otros cinco años y creemos en Bolivia, creemos que es un país hermano, una economía con mucho potencial, y por lo pronto estaremos aquí otros cinco años”, indicó.
Agregó que la empresa mexicana recibió con sorpresa la reversión de las acciones en Soboce. “Pero obviamente es una circunstancia que no esta pasando solamente en Bolivia y son cosas del oficio, no nos gusta, nos sorprendieron y quisiéramos terminar con este proceso de una manera transparente, justa y rápida”, apuntó Milán.
En tanto, el embajador de México en Bolivia, R afel Cervantes, dijo ayer en la mañana que el Gobierno de su país espera una compensación “justa” por la expropiación de acciones de GCC. “Asumimos la reversión con respeto, porque es un proceso que está permitido en la Constitución de Bolivia, pero se afectan intereses privados extranjeros, por lo que pensamos que se pagará un precio justo”, señaló.
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