El Gobierno espera reunirse con representantes de la empresa eléctrica española Iberdrola, el próximo 21 de enero, para comenzar las negociaciones por la indemnización de las cuatro filiales que tenía en Bolivia, nacionalizadas hace dos semanas.
“En este momento se avanza en acercamientos con el grupo Iberdrola” sobre la nacionalización de las distribuidoras de energía Electropaz y Elfeo, la firma de servicios Edeser y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia, informó ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, a tiempo de aclarar que Iberdrola no interpuso un arbitraje internacional contra el Gobierno boliviano, como afirmaron algunos medios de prensa, sino que la Red Eléctrica Española (REE) presentó una controversia, no arbitraje, por la nacionalización en mayo del año pasado de la Transportadora de Electricidad (TDE).
“Lamentamos mucho que la empresa Red Eléctrica de España esté iniciando este proceso de controversia sin antes haberse c umplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento y a un acercamiento”, dijo Dávila.
Agregó que Bolivia no expropiará sin indemnizar a ninguna empresa porque el Gobierno de Morales “está pagando por estos procesos de nacionalización cuando llega a acuerdos con las empresas privadas”.
El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Hugo Villarroel, informó la semana pasada que ya se tenía contratada a la empresa que haría el avalúo de la nacionalizada TDE, proceso que estaría listo hasta el próximo 18 de enero, por lo que hasta fin de mes se estaría en condiciones de negociar con la REE. Villarroel también confirmó que la REE ya inició la “controversia” contra el Gobierno Nacional.
El 5 de junio de 2012, la TDE notificó formalmente al Estado boliviano que existe “una controversia bajo el acuerdo para la promoción y protección de inversiones firmado entre el Reino de España y Bolivia& rdquo;.
El decreto de expropiación de mayo de 2012 establece que u na consultora independiente fijará en un plazo de seis meses el valor de la compensación que debe pagarse a REE.
Según Villarroel, la REE ha sido la más “intolerante” de las empresas afectadas por la nacionalización, pues no esperó los seis meses previstos en decreto.
“En este momento se avanza en acercamientos con el grupo Iberdrola” sobre la nacionalización de las distribuidoras de energía Electropaz y Elfeo, la firma de servicios Edeser y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia, informó ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, a tiempo de aclarar que Iberdrola no interpuso un arbitraje internacional contra el Gobierno boliviano, como afirmaron algunos medios de prensa, sino que la Red Eléctrica Española (REE) presentó una controversia, no arbitraje, por la nacionalización en mayo del año pasado de la Transportadora de Electricidad (TDE).
“Lamentamos mucho que la empresa Red Eléctrica de España esté iniciando este proceso de controversia sin antes haberse c umplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento y a un acercamiento”, dijo Dávila.
Agregó que Bolivia no expropiará sin indemnizar a ninguna empresa porque el Gobierno de Morales “está pagando por estos procesos de nacionalización cuando llega a acuerdos con las empresas privadas”.
El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Hugo Villarroel, informó la semana pasada que ya se tenía contratada a la empresa que haría el avalúo de la nacionalizada TDE, proceso que estaría listo hasta el próximo 18 de enero, por lo que hasta fin de mes se estaría en condiciones de negociar con la REE. Villarroel también confirmó que la REE ya inició la “controversia” contra el Gobierno Nacional.
El 5 de junio de 2012, la TDE notificó formalmente al Estado boliviano que existe “una controversia bajo el acuerdo para la promoción y protección de inversiones firmado entre el Reino de España y Bolivia& rdquo;.
El decreto de expropiación de mayo de 2012 establece que u na consultora independiente fijará en un plazo de seis meses el valor de la compensación que debe pagarse a REE.
Según Villarroel, la REE ha sido la más “intolerante” de las empresas afectadas por la nacionalización, pues no esperó los seis meses previstos en decreto.
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