Diversificación y sostenibilidad, desafíos de la región para 2012

domingo, 30 de octubre de 2011

Los desafíos para las economías latinoamericanas en 2012 son muchos ante la crisis financiera y de deuda en Europa y Estados Unidos.
El informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para el Desarrollo”, presentado el viernes pasado durante la cumbre Iberoamericana en Paraguay por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indica que los países de América Latina y el Caribe, incluido Bolivia, tienen que transformar el crecimiento constante de los últimos años en desarrollo económico y social sostenible.
La publicación indica que a pesar del decrecimiento económico mundial, la economía de América Latina y del Caribe creció un 5,9 por ciento en 2010 y se espera que alcance el 4,4 por ciento este año.
Sobre Bolivia, el documento señala que los niveles de gasto de capital se han recuperado significativamen te respecto de 1990, pero el nuevo desafío que se plantea en el país y en otros como Chile, Ecuador, Panamá y Perú es la evaluación de la calidad y relevancia de este gasto en inversión.
Entre 20 países analizados, Bolivia ocupa el sexto puesto en gasto social con énfasis en seguridad social, educación, salud y vivienda, en ese orden. Los primeros puestos están ocupados por Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica.

Transformación
La publicación “Perspectivas Económicas de América Latina 2012” recomienda que la región adopte nuevas políticas para mejorar la competitividad y la diversificación económica.
Los sectores intensivos en recursos naturales siguen representando el 60 por ciento del valor agregado manufacturero total en América Latina, y los bienes primarios y productos manufacturados basados en recursos naturales representan más del 50 por ciento de las exportaciones de la región.
Señala que teniendo en cuenta que uno de cada tres l atinoamericanos vive debajo de la línea de pobreza —180 millone s de personas— y que 10 economías de la región continúan estando entre las 15 más desiguales del mundo, una economía más diversificada y productiva es esencial para mantener y mejorar el crecimiento, así como para reducir la desigualdad.
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicó que los gobiernos de América Latina y del Caribe “deberían capitalizar los logros recientes para afrontar otros desafíos a corto y largo plazo, tales como la diversificación de sus economías, la instauración de reformas fiscales y la prestación de mejores servicios a sus ciudadanos, centrándose especialmente en la educación, las infraestructuras y la promoción de la innovación”.

Debilidades
El informe de la OCDE y de la Cepal destaca que a pesar del innegable progreso de la gestión macroeconómica y de la capacidad de atraer inversión extranjera, las economías latinoamericanas y caribeñas siguen siendo vulnerables a los altibajos de la volatilidad, la inflación y las fluctuaciones monetarias de la economía mundial. A corto plazo, agrega, los Estados de América Latina y del Caribe deben ampliar su espacio fiscal para poder reaccionar ante los reveses procedentes de los mercados internacionales.
Señala que países como Bolivia han aumentado en gran medida sus volúmenes de reservas internacionales alcanzando elevados niveles como porcentaje del PIB, cercanos o superiores al 25 por ciento.
Añade que los Estados de la región deberán encarar asimismo desafíos a largo plazo y cuestiones estructurales. Por ejemplo, en 2008, la recaudación tributaria en América Latina representó el 19 por ciento del PIB, apenas más de la mitad del 35 por ciento recaudado en promedio en la OCDE.
Incrementar el nivel de ingresos tributarios permitiría a los gobiernos latinoamericanos invertir más y mejorar servicios.
Plantean inversión privada para masificar tecnologías
La OCDE y la Cepal dicen que frente a las múltiples demandas por recursos pú blicos que enfrentan los países de la región, las políticas públicas de telecomunicaciones, en especial las de Internet de banda ancha, deben incentivar la intervención eficaz del sector privado en el despliegue de infraestructura y servicios de banda ancha.
En este esquema, indican, el rol del Estado se enfoca en la reforma de los marcos regulatorios para avanzar en una convergencia tecnológica, orientar las inversiones, atender fallas de coordinación y realizar inversiones complementarias a fin de maximizar las externalidades positivas, asegurar el cumplimiento de objetivos de equidad social y fomentar la competencia.
El estudio señala que la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones resulta insuficiente para maximizar los beneficios del sistema de banda ancha. Agrega que inversiones inferiores a lo socialmente eficiente no permiten alcanzar los niveles mínimos de adopción necesarios para usuarios que optimicen el impacto positivo del uso de la banda ancha.

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