España recorta el salario de altos ejecutivos de bancos

sábado, 4 de febrero de 2012

Madrid |

El Gobierno español aprobó ayer una reforma financiera que impone un fuerte recorte a los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias que fueron intervenidas y de aquellas que recurrieron a fondos públicos, junto a medidas dirigidas a sanear los activos inmobiliarios problemáticos.
Los altos directivos de entidades intervenidas no podrán cobrar más de 300 mil euros anuales (unos 395 mil dólares) y en el caso de las beneficiarias de fondos públicos, sus máximos responsables tendrán limitadas las remuneraciones a 600 mil euros al año (unos 790.000 dólares).
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en una conferencia de prensa estas medidas, incluidas en la nueva reforma del sistema financiero español, aprobada ayer por el Gobierno, que fija además las condiciones de nuevas fusiones y una hoja de ruta para el saneamiento de los activos problemáticos de los bancos afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El drástico rec orte de salarios anunciado supone una rebaja del 76 por ciento en el caso de los presidentes de entidades intervenidas y del 67 por ciento en aquellas que fueron apoyadas con préstamos públicos.
El responsable de Economía dijo que el Ejecutivo no pretende fijar los sueldos del sector privado con estas medidas, pero sí que las entidades que recibieron ayudas públicas “tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios”.

Otras medidas
De Guindos detalló ayer algunas de las medidas incluidas en la nueva reforma del sistema financiero, aprobada por el Consejo de Ministros, y cuyas líneas básicas fueron adelantadas.
Con la reforma el Ejecutivo busca completar la reordenación del sector financiero este mismo año, para lo que ha fijado de plazo hasta finales del próximo mes de mayo para que se anuncien eventuales nuevas fusiones.
Los bancos tendrán un año para sanear sus activos inmobiliarios problemá ticos y deberán para ello aumentar sus provisiones en conjunto en 50 mil millones de euros.

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