Definitivo, por mandato de la Constitución Política del Estado, será una gestora pública la encargada de administrar el nuevo sistema de pensiones, que se encuentra en la etapa de consensuar contenidos y alcances en mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana, sostuvo ayer la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP) Mario Guillén, en respuesta a la Confederación de Jubilados que demandó la creación de una segunda gestora, pero privada.
Los jubilados del país justificaron su pedido señalando que una gestora estatal, tras una dolorosa experiencia boliviana y latinoamericana es sinónimo de ineficiencia, burocracia, el mal trato, el clientelismo político sindical y la corrupción, razón por la que exigen una gestora privada.
El director ejecutivo de la AP, dijo que la creación de una gestora pública “es tema cerrado”, porque crear otra de carácter privado violenta la Constitución Política del Estado que establece como atribución exclusiv a del Estado Plurinacional administrar las pensiones, que no pueden ser concesionadas, ni tampoco privatizadas.
Según los ex trabajadores, el Estado, al suprimir las AFP, todos los fondos ahorrados que ascienden a 4.500 millones de dólares, pasarán a ser manejados por la institución estatal, con el riesgo de que en cualquier momento el Estado pueda echar mano de esos recursos para saldar una deuda de 3.200 millones de dólares contraída con el Seguro Obligatorio.
Al respecto, la autoridad de pensiones explicó que el patrimonio de la gestora pública está separado del patrimonio del Estado y tiene independencia tanto contable como jurídica, razón por la que en ningún momento se pensó en la posibilidad de que el Estado podría apropiarse de los recursos captados por el Seguro Social Obligatorio. Respecto a la inclusión de los jubilados y prejubilados en las mesas de trabajo de la COB que buscan consensuar el proyecto gubernamental, dijo que éstos pueden hacer llegar sus ob servaciones, aportes e incluso delegar a sus técnicos para discutir p ropuestas.
“Las mesas de trabajo con la COB y los jubilados no son parte de ella; por lo tanto, no podemos convocar a gente extraña a la negociación”, sostuvo y manifestó yener plena disposición a sostener reuniones directas con los técnicos del sector privado para mejorar el proyecto gubernamental de Ley de Pensiones.
Los jubilados del país justificaron su pedido señalando que una gestora estatal, tras una dolorosa experiencia boliviana y latinoamericana es sinónimo de ineficiencia, burocracia, el mal trato, el clientelismo político sindical y la corrupción, razón por la que exigen una gestora privada.
El director ejecutivo de la AP, dijo que la creación de una gestora pública “es tema cerrado”, porque crear otra de carácter privado violenta la Constitución Política del Estado que establece como atribución exclusiv a del Estado Plurinacional administrar las pensiones, que no pueden ser concesionadas, ni tampoco privatizadas.
Según los ex trabajadores, el Estado, al suprimir las AFP, todos los fondos ahorrados que ascienden a 4.500 millones de dólares, pasarán a ser manejados por la institución estatal, con el riesgo de que en cualquier momento el Estado pueda echar mano de esos recursos para saldar una deuda de 3.200 millones de dólares contraída con el Seguro Obligatorio.
Al respecto, la autoridad de pensiones explicó que el patrimonio de la gestora pública está separado del patrimonio del Estado y tiene independencia tanto contable como jurídica, razón por la que en ningún momento se pensó en la posibilidad de que el Estado podría apropiarse de los recursos captados por el Seguro Social Obligatorio. Respecto a la inclusión de los jubilados y prejubilados en las mesas de trabajo de la COB que buscan consensuar el proyecto gubernamental, dijo que éstos pueden hacer llegar sus ob servaciones, aportes e incluso delegar a sus técnicos para discutir p ropuestas.
“Las mesas de trabajo con la COB y los jubilados no son parte de ella; por lo tanto, no podemos convocar a gente extraña a la negociación”, sostuvo y manifestó yener plena disposición a sostener reuniones directas con los técnicos del sector privado para mejorar el proyecto gubernamental de Ley de Pensiones.
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