La Paz | AgenciasEl ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, aseguró ayer que Bolivia exigirá a la empresa india Jindal Steel & Power al menos 800 millones de dólares de indemnización si insiste en asumir la vía legal para resolver las controversias contractuales y si rompe el contrato.
Pimentel abrió esa posibilidad consultado por los periodistas sobre esa contingencia, aunque dijo que el Estado pretende respetar y mantener el contrato de explotación en su integridad.
Los 800 millones de indemnización se calcularían por falta de operaciones e inversiones en tres años, 200 millones por cada año, además de la expectativa de la utilidad que tenía el Estado y la población de Puerto Suárez de 200 millones de dólares.
"Al igual que Jindal vamos a pedir una indemnización por tres años de falta de operación de este contrato. Este monto sería por la inversión que debía realizarse en estos tres años de trabajo, que son 600 millones de dólares, y la expectativa que tenía el Estado boliviano y la región de Puerto Busch, que era tener una ganancia de 200 millones de dólares anuales", dijo.
Por escrito, el Estado conminó a Jindal para que aclare su posición si quiere "pleitear" en estrados judiciales o seguir con el contrato.
En ese sentido, la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) remitió una nota a su socia del riesgo compartido.
“Esta aclaración es importante para que el Estado boliviano sepa a qué atenerse", puntualizó Pimentel al calificar de "prácticas dilatorias" en el sistema judicial, al que una vez más acude la siderúrgica hindú.
Respecto de una ruptura del Contrato de Riesgo Compartido, Pimentel dijo: "Queremos que lo diga Jindal claramente", puesto que el gobierno es "cumplidor" de lo estipulado en ese documento suscrito en julio de 2007 y en vigor desde abril de 2009. Insistió en que el Gobierno cumplió con la entrega de la totalidad de tierras para Mutún. Pero lo que "no hace" Jindal es "tomar posesión", par a lo cual debe iniciar obras civiles, poner maquinaria y comenzar la actividad.
Reconoció que en el lugar hay gente que está viviendo allá", pero mientras Jindal no ingrese "no podemos hacernos problemas”.
En cambió "si mañana entran buldócer, topadoras, a las excavadoras nosotros vamos a garantizar que la gente se retire" ya sea por la vía pacífica o recurriendo a la fuerza pública, "porque esos terrenos los ha comprado la ESM para este proyecto".
Pimentel abrió esa posibilidad consultado por los periodistas sobre esa contingencia, aunque dijo que el Estado pretende respetar y mantener el contrato de explotación en su integridad.
Los 800 millones de indemnización se calcularían por falta de operaciones e inversiones en tres años, 200 millones por cada año, además de la expectativa de la utilidad que tenía el Estado y la población de Puerto Suárez de 200 millones de dólares.
"Al igual que Jindal vamos a pedir una indemnización por tres años de falta de operación de este contrato. Este monto sería por la inversión que debía realizarse en estos tres años de trabajo, que son 600 millones de dólares, y la expectativa que tenía el Estado boliviano y la región de Puerto Busch, que era tener una ganancia de 200 millones de dólares anuales", dijo.
Por escrito, el Estado conminó a Jindal para que aclare su posición si quiere "pleitear" en estrados judiciales o seguir con el contrato.
En ese sentido, la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) remitió una nota a su socia del riesgo compartido.
“Esta aclaración es importante para que el Estado boliviano sepa a qué atenerse", puntualizó Pimentel al calificar de "prácticas dilatorias" en el sistema judicial, al que una vez más acude la siderúrgica hindú.
Respecto de una ruptura del Contrato de Riesgo Compartido, Pimentel dijo: "Queremos que lo diga Jindal claramente", puesto que el gobierno es "cumplidor" de lo estipulado en ese documento suscrito en julio de 2007 y en vigor desde abril de 2009. Insistió en que el Gobierno cumplió con la entrega de la totalidad de tierras para Mutún. Pero lo que "no hace" Jindal es "tomar posesión", par a lo cual debe iniciar obras civiles, poner maquinaria y comenzar la actividad.
Reconoció que en el lugar hay gente que está viviendo allá", pero mientras Jindal no ingrese "no podemos hacernos problemas”.
En cambió "si mañana entran buldócer, topadoras, a las excavadoras nosotros vamos a garantizar que la gente se retire" ya sea por la vía pacífica o recurriendo a la fuerza pública, "porque esos terrenos los ha comprado la ESM para este proyecto".
0 comentarios:
Publicar un comentario