Los empresarios privados del país rechazaron ayer la reforma de pensiones que el Gobierno impulsa, dudaron de su sostenibilidad y denunciaron que lo que se intenta es imponer una carga al sector de unos 571 millones de dólares anuales.
En un comunicado, Ronald Nostas, presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que cualquier reforma del sistema de pensiones debe estar sustentada en estudios técnicos que demuestren su sostenibilidad financiera en el corto y en el largo plazo.
“No se puede ni debe afectar a quienes actualmente cuentan con un empleo, poniendo además en riesgo a las nuevas y futuras generaciones que tendrán la obligación de mantener un sistema cuya sostenibilidad en el tiempo genera serias dudas”, indicó.
Agregó que, aunque la propia Constitución Política del Estado señala que la dirección y administración de la seguridad social debe tener un control y participación social, el proyecto de pensi ones “no ha sido consultado y menos consensuado con uno de los actores esenciales en este contexto -como es el sector empresarial-, pese al incremento que se pretende imponer al aporte patronal de un tres por ciento adicional para un fondo solidario”.
El dirigente explicó que este aporte podría generar despidos a largo plazo ya que se estaría afectando las inversiones de los empresarios.
Nostas dijo que, sumado el incremento al salario del cinco por ciento y el tres por ciento al fondo de pensiones, representa unos 4 mil millones de bolivianos (571 millones de dólares) adicionales al año que deberá pagar el sector privado.Administración
El empresario indicó además que limitar la administración de ahorros privados únicamente a una gestora estatal, como pretende el Gobierno al eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), iría en detrimento “de todos los trabajadores que han venido efectuando sus aportes, por la inseguridad qu e se generaría sobre el destino de los mismos, más aún si recordamos la amarga experiencia vivida en años pasados”.
En un comunicado, Ronald Nostas, presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que cualquier reforma del sistema de pensiones debe estar sustentada en estudios técnicos que demuestren su sostenibilidad financiera en el corto y en el largo plazo.
“No se puede ni debe afectar a quienes actualmente cuentan con un empleo, poniendo además en riesgo a las nuevas y futuras generaciones que tendrán la obligación de mantener un sistema cuya sostenibilidad en el tiempo genera serias dudas”, indicó.
Agregó que, aunque la propia Constitución Política del Estado señala que la dirección y administración de la seguridad social debe tener un control y participación social, el proyecto de pensi ones “no ha sido consultado y menos consensuado con uno de los actores esenciales en este contexto -como es el sector empresarial-, pese al incremento que se pretende imponer al aporte patronal de un tres por ciento adicional para un fondo solidario”.
El dirigente explicó que este aporte podría generar despidos a largo plazo ya que se estaría afectando las inversiones de los empresarios.
Nostas dijo que, sumado el incremento al salario del cinco por ciento y el tres por ciento al fondo de pensiones, representa unos 4 mil millones de bolivianos (571 millones de dólares) adicionales al año que deberá pagar el sector privado.Administración
El empresario indicó además que limitar la administración de ahorros privados únicamente a una gestora estatal, como pretende el Gobierno al eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), iría en detrimento “de todos los trabajadores que han venido efectuando sus aportes, por la inseguridad qu e se generaría sobre el destino de los mismos, más aún si recordamos la amarga experiencia vivida en años pasados”.
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