La superficie boscosa del territorio nacional disminuyó de 53 a 46 millones de hectáreas entre 1975 y 2010, según información oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
El jefe de Desmontes e Incendios de la ABT, Marcelo Ruiz, señaló que el país disminuyó su superficie boscosa de manera sistemática a una tasa promedio anual de 260 mil hectáreas, según cita el periódico digital del PIEB.
Entre las principales causas de la deforestación están el cambio de uso de suelo, la ampliación de la frontera agrícola, la colonización de tierras bajas y los incendios forestales.
Si bien la tasa promedio de deforestación anual en los últimos 10 años fue de 260 mil hectáreas, esta cifra tiende a disminuir.
En 2010 el total deforestado fue de 212 mil hectáreas y a partir de 2011, con el endurecimiento de medidas punitivas, como multas, sanciones y procesos administrativos, se estima que la tasa vaya en declinación.
Ruíz señaló que, en años pasados, el cobro por hectárea desboscada oscilaba entre 45 y 60 dólares. Ahora, a partir de la aplicación del cálculo por masa boscosa, este monto asciende hasta 180 dólares por la misma superficie.
En 2011, las deforestaciones autorizadas llegaron a 37.782 hectáreas; mientras que las ilegales abarcaron hasta 177.329.
Los departamentos más afectados fueron Beni y Santa Cruz.
Revisión de concesiones
Ruiz señaló que la ABT está en pleno proceso de revisión de las concesiones forestales en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y en el norte de La Paz para evaluar el cumplimiento del manejo sostenible.
“Hace año y medio hemos iniciado la revisión de las concesiones forestales; se tienen alrededor de 58, con un avance de 40 revisadas, lo cual nos muestra que aproximadamente el 20 por ciento no cumplió con los términos del contrato y, por tanto, deben ser revertidas al Estado”, advirtió.
En cuanto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO ) afirmó que en su mayoría no manejan directamente sus bosques porque existe un “círculo vicioso” entre comunidades campesinas y empresas privadas. “El empresario sigue teniendo el manejo de las tierras de las comunidades a través del negocio de compra y venta de la madera”, aclaró.
El caso más emblemático, argumentó, es el de la TCO Guarayos en Santa Cruz, que el año pasado sufrió una crisis por mal manejo de sus bosques. Esta situación paralizó la actividad productiva y económica durante seis meses, debido a planes de manejo “fantasma”.
El jefe de Desmontes e Incendios de la ABT, Marcelo Ruiz, señaló que el país disminuyó su superficie boscosa de manera sistemática a una tasa promedio anual de 260 mil hectáreas, según cita el periódico digital del PIEB.
Entre las principales causas de la deforestación están el cambio de uso de suelo, la ampliación de la frontera agrícola, la colonización de tierras bajas y los incendios forestales.
Si bien la tasa promedio de deforestación anual en los últimos 10 años fue de 260 mil hectáreas, esta cifra tiende a disminuir.
En 2010 el total deforestado fue de 212 mil hectáreas y a partir de 2011, con el endurecimiento de medidas punitivas, como multas, sanciones y procesos administrativos, se estima que la tasa vaya en declinación.
Ruíz señaló que, en años pasados, el cobro por hectárea desboscada oscilaba entre 45 y 60 dólares. Ahora, a partir de la aplicación del cálculo por masa boscosa, este monto asciende hasta 180 dólares por la misma superficie.
En 2011, las deforestaciones autorizadas llegaron a 37.782 hectáreas; mientras que las ilegales abarcaron hasta 177.329.
Los departamentos más afectados fueron Beni y Santa Cruz.
Revisión de concesiones
Ruiz señaló que la ABT está en pleno proceso de revisión de las concesiones forestales en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y en el norte de La Paz para evaluar el cumplimiento del manejo sostenible.
“Hace año y medio hemos iniciado la revisión de las concesiones forestales; se tienen alrededor de 58, con un avance de 40 revisadas, lo cual nos muestra que aproximadamente el 20 por ciento no cumplió con los términos del contrato y, por tanto, deben ser revertidas al Estado”, advirtió.
En cuanto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO ) afirmó que en su mayoría no manejan directamente sus bosques porque existe un “círculo vicioso” entre comunidades campesinas y empresas privadas. “El empresario sigue teniendo el manejo de las tierras de las comunidades a través del negocio de compra y venta de la madera”, aclaró.
El caso más emblemático, argumentó, es el de la TCO Guarayos en Santa Cruz, que el año pasado sufrió una crisis por mal manejo de sus bosques. Esta situación paralizó la actividad productiva y económica durante seis meses, debido a planes de manejo “fantasma”.
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