La Paz |
La fiscal anticorrupción Edna Montoya aseguró que la investigación de sobreprecio en la instalación de la planta industrial Papelbol fue ampliada a 20 personas a las que ya se les tomaron declaraciones, después de que el proceso estuvo detenido por más de un año.
La representante del Ministerio Público dijo que en los ocho meses que está a su cargo el caso, ya se tomaron declaraciones a los principales implicados, la investigación se amplió a 20 personas y se ha realizado la inspección ocular al espacio donde debería funcionar esta fábrica.
La viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, denunció que en julio de 2010 hubo irregularidades en la instalación de Papelbol, pero recién en septiembre de 2011 el caso fue reasignado a la fiscal Montoya.
El ex viceministro de Empresa, Eduardo Peinado y Antonio Camberos, ex gerente de Papelbol, fueron imputados y se encuentran con detención domiciliaria acusados de los delitos de incumplimiento de contrato, enriqu ecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y otros.
La fiscal dijo que se le asignó el caso después de más de un año y tres meses de ocurrido el hecho y que ni siquiera se había tomado declaraciones al ex viceministro Peinado. Agregó que desde que está a cargo se tomaron declaraciones a los principales implicados, se los ha imputado y se ha realizado una inspección ocular.
Montoya recordó que en 2007, bajó la tuición de Peinado, se creó la empresa de Papeles de Bolivia que hasta la fecha no está funcionando.
Para este emprendimiento el Gobierno destinó 13,5 millones de dólares para la compra de maquinaria de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio. Sin embargo, un informe de la consultora internacional Pricewaterhouse Coopers (PwC) señala que el costo de esos equipos es de 6,1 millones de dólares.
La fiscal anunció que junto a la juez cuarto de instrucción en lo penal, Margoth Pérez, realizará la próxima una inspección técnica como u n anticipo de prueba que pidió el Servicio de Desarrollo de las Empre sas Públicas Productivas (Sedem), en su calidad de querellante.
La fiscal anticorrupción Edna Montoya aseguró que la investigación de sobreprecio en la instalación de la planta industrial Papelbol fue ampliada a 20 personas a las que ya se les tomaron declaraciones, después de que el proceso estuvo detenido por más de un año.
La representante del Ministerio Público dijo que en los ocho meses que está a su cargo el caso, ya se tomaron declaraciones a los principales implicados, la investigación se amplió a 20 personas y se ha realizado la inspección ocular al espacio donde debería funcionar esta fábrica.
La viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, denunció que en julio de 2010 hubo irregularidades en la instalación de Papelbol, pero recién en septiembre de 2011 el caso fue reasignado a la fiscal Montoya.
El ex viceministro de Empresa, Eduardo Peinado y Antonio Camberos, ex gerente de Papelbol, fueron imputados y se encuentran con detención domiciliaria acusados de los delitos de incumplimiento de contrato, enriqu ecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y otros.
La fiscal dijo que se le asignó el caso después de más de un año y tres meses de ocurrido el hecho y que ni siquiera se había tomado declaraciones al ex viceministro Peinado. Agregó que desde que está a cargo se tomaron declaraciones a los principales implicados, se los ha imputado y se ha realizado una inspección ocular.
Montoya recordó que en 2007, bajó la tuición de Peinado, se creó la empresa de Papeles de Bolivia que hasta la fecha no está funcionando.
Para este emprendimiento el Gobierno destinó 13,5 millones de dólares para la compra de maquinaria de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio. Sin embargo, un informe de la consultora internacional Pricewaterhouse Coopers (PwC) señala que el costo de esos equipos es de 6,1 millones de dólares.
La fiscal anunció que junto a la juez cuarto de instrucción en lo penal, Margoth Pérez, realizará la próxima una inspección técnica como u n anticipo de prueba que pidió el Servicio de Desarrollo de las Empre sas Públicas Productivas (Sedem), en su calidad de querellante.
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