La Paz |
El vicepresidente, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno no tuvo ninguna injerencia en las movilizaciones realizadas ayer en “apoyo a la democracia” y en contra de un supuesto “apresto golpista” desvelado por el Gobierno. La contramarcha de los sectores afines al MAS fue a concentrarse en la Plaza Villarroel, lugar por donde pasaría la IX marcha indígena.
“(Los movimientos sociales) Son estructuras conscientes que definen por cuenta y riesgo propio sus acciones (…) los compañeros si se movilizan o no se movilizan es su problema, ellos deliberan”, sostuvo en conferencia de prensa.
La movilización de sectores afines al MAS estaba compuesta por organizaciones de las 20 provincias paceñas, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, funcionarios de la Alcaldía de esa ciudad, además de legisladores como la senadora Gabriela Montaño, quienes se concentraron en El Alto.
Al otro lado de la ciudad, en Villa Fátim a, los vecinos que apoyaban a la marcha indígena aplaudían coreando: “Esto es voluntario, esto no es pagado”, en alusión a quienes conformaban la contramarcha.
La víspera, el Gobierno obligó a los funcionarios públicos a asistir al acto de conmemoración del 33 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y dispuso un horario especial de trabajo, según Erbol.
Funcionarios del Ministerio de Planificación denunciaron ayer a Erbol que “estamos siendo obligados a ir a la Plaza Villarroel para abuchear a los indígenas del Tipnis” y una mujer que se identificó como funcionaria del Ministerio de Gobierno, denunció ayer por la mañana que en su oficina fue obligada a aportar 50 bolivianos para la contramarcha.
Por su parte, el concejal del MAS, Jorge Silva, denunció ayer que el alcalde de La Paz, Luis Revilla (MSM), usó arbitrariamente recursos de ese municipio para apoyar a la IX marcha.
"Cumpliendo de esta manera una actividad estrictamente política partidaria que ev idencia que el Alcalde de La Paz ha utilizado recursos económicos, porque son recursos de la Alcaldía que se utilizan para pagar a los frutillas, cebras, reguladores y que han sido utilizados para fines políticos", dijo.
APDHB cuestiona
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Yolanda Herrera, cuestionó ayer al Gobierno por incitar a magnificar los conflictos sociales, en lugar de cooperar en la solución.
"Creo que en algún momento se va a tener que rendir cuentas del cómo nuestras autoridades contribuyen en una pacificación, contribuyen en la resolución de conflictos o contribuyen y animan escenarios que son totalmente negativos", expresó.
Ante esta situación, la APDHB insta al diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de la IX marcha indígena para demostrar que en Bolivia se vive en democracia.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno no tuvo ninguna injerencia en las movilizaciones realizadas ayer en “apoyo a la democracia” y en contra de un supuesto “apresto golpista” desvelado por el Gobierno. La contramarcha de los sectores afines al MAS fue a concentrarse en la Plaza Villarroel, lugar por donde pasaría la IX marcha indígena.
“(Los movimientos sociales) Son estructuras conscientes que definen por cuenta y riesgo propio sus acciones (…) los compañeros si se movilizan o no se movilizan es su problema, ellos deliberan”, sostuvo en conferencia de prensa.
La movilización de sectores afines al MAS estaba compuesta por organizaciones de las 20 provincias paceñas, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, funcionarios de la Alcaldía de esa ciudad, además de legisladores como la senadora Gabriela Montaño, quienes se concentraron en El Alto.
Al otro lado de la ciudad, en Villa Fátim a, los vecinos que apoyaban a la marcha indígena aplaudían coreando: “Esto es voluntario, esto no es pagado”, en alusión a quienes conformaban la contramarcha.
La víspera, el Gobierno obligó a los funcionarios públicos a asistir al acto de conmemoración del 33 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y dispuso un horario especial de trabajo, según Erbol.
Funcionarios del Ministerio de Planificación denunciaron ayer a Erbol que “estamos siendo obligados a ir a la Plaza Villarroel para abuchear a los indígenas del Tipnis” y una mujer que se identificó como funcionaria del Ministerio de Gobierno, denunció ayer por la mañana que en su oficina fue obligada a aportar 50 bolivianos para la contramarcha.
Por su parte, el concejal del MAS, Jorge Silva, denunció ayer que el alcalde de La Paz, Luis Revilla (MSM), usó arbitrariamente recursos de ese municipio para apoyar a la IX marcha.
"Cumpliendo de esta manera una actividad estrictamente política partidaria que ev idencia que el Alcalde de La Paz ha utilizado recursos económicos, porque son recursos de la Alcaldía que se utilizan para pagar a los frutillas, cebras, reguladores y que han sido utilizados para fines políticos", dijo.
APDHB cuestiona
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Yolanda Herrera, cuestionó ayer al Gobierno por incitar a magnificar los conflictos sociales, en lugar de cooperar en la solución.
"Creo que en algún momento se va a tener que rendir cuentas del cómo nuestras autoridades contribuyen en una pacificación, contribuyen en la resolución de conflictos o contribuyen y animan escenarios que son totalmente negativos", expresó.
Ante esta situación, la APDHB insta al diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de la IX marcha indígena para demostrar que en Bolivia se vive en democracia.
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