Los Tiempos, Correo del Sur y AnfLa Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) denunció ayer que la jueza de Partido Tercero en lo Civil de Sucre, Betty Nogales, ordenó el congelamiento de las cuentas de la cementera en el sistema financiero, la anotación de activos en su planta de Viacha, la retención de sus dividendos en Fancesa y la suspensión del pago por las acciones que el año pasado fueron revertidas al Estado.
En un comunicado, la compañía indicó que la jueza --que después de dictar la instrucción fue suspendida por el Consejo de la Judicatura--, actuó por solicitud de la Alcaldía de Sucre que inició un proceso civil de cuantificación de daños a raíz del convenio entre Soboce y la Universidad de San Francisco Xavier. Por ese acuerdo la casa de estudios cedió la administración de Fancesa a la cementera.
La Alcaldía y el asambleísta del MAS Juan Carlos Apaza iniciaron procesos por vía civil y penal por el supuesto daño económico provocado por ese trato al muni cipio. El monto del perjuicio, sin embargo, no fue establecido, pero fueron solicitadas medidas cautelares de retención de utilidades y la detención preventiva de los imputados.
El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, explicó no inició hasta ahora la petición judicial de calificación de daños debido a que la alcaldesa Verónica Berríos retiró el informe que supuestamente cuantificaba daños causados por la cementera privada a Fancesa por 140 millones de dólares, en medio de una polémica por contratación sin licitación de consultores.
“Las presuntas evidencias fueron observadas por el Concejo Municipal de Sucre e incluso algunos de sus miembros han mencionado la posibilidad de llevar adelante acciones legales por la gravedad de las irregularidades cometidas”, dijo Soboce.
La jueza Betty Nogales no fue hallada ayer ya que fue suspendida del cargo y en la Alcaldía de Sucre tampoco supieron dar información sobre el tema.“Hostigamiento&rdqu o;
Soboce indicó que el congelamiento de cuentas y otras medidas & ldquo;vienen a coronar un trayecto caracterizado por la arbitrariedad y la irracionalidad”.
“Estas acciones de hostigamiento se suman a la expropiación de las acciones de Soboce en Fancesa y a la increíble demanda para encarcelar al principal accionista de Soboce”, Samuel Doria Medina, agregó.
La compañía dijo que si la instrucción del juzgado tiene el fin de obligar a pagar a Soboce “el pago de una deuda inexistente se podría paralizar al mayor proveedor de cemento del país, ocasionando daños también al sector de la construcción”.
“La intención de intimidar a Soboce y la creación de situaciones que pueden provocar una desorganización en la provisión de cemento, no encontrará pasividad por parte de la empresa, que extremará sus esfuerzos y su trabajo para impedirlo”, añadió en el comunicado.
En un comunicado, la compañía indicó que la jueza --que después de dictar la instrucción fue suspendida por el Consejo de la Judicatura--, actuó por solicitud de la Alcaldía de Sucre que inició un proceso civil de cuantificación de daños a raíz del convenio entre Soboce y la Universidad de San Francisco Xavier. Por ese acuerdo la casa de estudios cedió la administración de Fancesa a la cementera.
La Alcaldía y el asambleísta del MAS Juan Carlos Apaza iniciaron procesos por vía civil y penal por el supuesto daño económico provocado por ese trato al muni cipio. El monto del perjuicio, sin embargo, no fue establecido, pero fueron solicitadas medidas cautelares de retención de utilidades y la detención preventiva de los imputados.
El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, explicó no inició hasta ahora la petición judicial de calificación de daños debido a que la alcaldesa Verónica Berríos retiró el informe que supuestamente cuantificaba daños causados por la cementera privada a Fancesa por 140 millones de dólares, en medio de una polémica por contratación sin licitación de consultores.
“Las presuntas evidencias fueron observadas por el Concejo Municipal de Sucre e incluso algunos de sus miembros han mencionado la posibilidad de llevar adelante acciones legales por la gravedad de las irregularidades cometidas”, dijo Soboce.
La jueza Betty Nogales no fue hallada ayer ya que fue suspendida del cargo y en la Alcaldía de Sucre tampoco supieron dar información sobre el tema.“Hostigamiento&rdqu o;
Soboce indicó que el congelamiento de cuentas y otras medidas & ldquo;vienen a coronar un trayecto caracterizado por la arbitrariedad y la irracionalidad”.
“Estas acciones de hostigamiento se suman a la expropiación de las acciones de Soboce en Fancesa y a la increíble demanda para encarcelar al principal accionista de Soboce”, Samuel Doria Medina, agregó.
La compañía dijo que si la instrucción del juzgado tiene el fin de obligar a pagar a Soboce “el pago de una deuda inexistente se podría paralizar al mayor proveedor de cemento del país, ocasionando daños también al sector de la construcción”.
“La intención de intimidar a Soboce y la creación de situaciones que pueden provocar una desorganización en la provisión de cemento, no encontrará pasividad por parte de la empresa, que extremará sus esfuerzos y su trabajo para impedirlo”, añadió en el comunicado.
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