La Paz | El Gobierno promulgó el lunes la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza que endurece sanciones contra el contrabando de combustibles y alimentos subvencionados por el Estado.
Las sanciones van desde dos a 12 años de prisión para las personas que incurran en delitos de contrabando de diésel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP), azúcar, maíz y otros.
La Ley establece que se entregue 20 por ciento de la mercadería de contrabando decomisada al denunciante individual y 40 por ciento a la comunidad.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, informó ayer que la nueva norma tiene como fin proteger el territorio y sentar presencia del Estado en las zonas de frontera de todo el país.
“La ley sancionará la comercialización (venta) y compra ilegal de diésel, gasolina y GLP con pena carcelaria de tres a seis años y la confiscación de los bienes. A quien adquiera (compra) esos bienes (carburantes) de dos a cuatro años de reclu sión. Las penas se agravan si la persona cumple las dos cualidades”, dijo Chávez.
La ley prevé la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y añade funciones a la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). Además, debe haber articulación interinstitucional entre el consejo, Ademaf, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Impuestos Internos (SIN).Surtidores
En el caso de los surtidores, la ley establece un régimen de expropiación declarando de “necesidad y utilidad pública” las estaciones de servicio que estén en un radio de 50 kilómetros alrededor a las fronteras.
“Para ello se seguirá el régimen de expropiación municipal para luego transferir los activos a YPFB que pagará el importe determinado como un justo precio”, explicó Chávez.
La norma establece también la obligación de facturación y sanciones duras, has ta la clausura definitiva del establecimiento, para las estaciones de servicio que no cumplan.
La Ley también indica que se suspenderán los trámites de licencia de surtidores en frontera en zonas determinadas por el consejo.
Las sanciones van desde dos a 12 años de prisión para las personas que incurran en delitos de contrabando de diésel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP), azúcar, maíz y otros.
La Ley establece que se entregue 20 por ciento de la mercadería de contrabando decomisada al denunciante individual y 40 por ciento a la comunidad.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, informó ayer que la nueva norma tiene como fin proteger el territorio y sentar presencia del Estado en las zonas de frontera de todo el país.
“La ley sancionará la comercialización (venta) y compra ilegal de diésel, gasolina y GLP con pena carcelaria de tres a seis años y la confiscación de los bienes. A quien adquiera (compra) esos bienes (carburantes) de dos a cuatro años de reclu sión. Las penas se agravan si la persona cumple las dos cualidades”, dijo Chávez.
La ley prevé la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y añade funciones a la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). Además, debe haber articulación interinstitucional entre el consejo, Ademaf, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Impuestos Internos (SIN).Surtidores
En el caso de los surtidores, la ley establece un régimen de expropiación declarando de “necesidad y utilidad pública” las estaciones de servicio que estén en un radio de 50 kilómetros alrededor a las fronteras.
“Para ello se seguirá el régimen de expropiación municipal para luego transferir los activos a YPFB que pagará el importe determinado como un justo precio”, explicó Chávez.
La norma establece también la obligación de facturación y sanciones duras, has ta la clausura definitiva del establecimiento, para las estaciones de servicio que no cumplan.
La Ley también indica que se suspenderán los trámites de licencia de surtidores en frontera en zonas determinadas por el consejo.
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