Santa Cruz |La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) presentó ayer ante la Fiscalía de Oruro la imputación formal contra cinco militares (dos oficiales y tres soldados) y una civil, implicados en supuesto contrabando de artículos electrónicos. El sábado el Control Operativo Aduanero (COA) detuvo un camión del Regimiento Mejillones del Ejército Nacional que se dirigía de Oruro a La Paz.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que pedirá duras sanciones contra los militares sorprendidos si el Ministerio Público confirma que son responsables.
En Aduana señalaron que es la primera vez que, además de infringir la Ley de Aduanas, los militares serán juzgados por la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues se trata de funcionarios públicos.
“La Aduana se querelló contra los involucrados por el uso indebido de influencias y bienes públicos e incumplimiento de deberes.
Es un caso sui generis porque están “ba jo bandera”, explicó Ardaya.
La ley de fronteras establece que cuando se produce un decomiso de mercaderías de contrabando que supere 50 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), unos 80 mil bolivianos, proceden sanciones penales de ocho a 10 años de reclusión.
Según Ardaya es un caso aislado, por lo que no se debe involucrar a una institución como las Fuerzas Armadas (FFAA).
Respecto al camión militar, la presidenta de Aduana aclaró que el artículo 181 del Código Tributario no permite su decomiso, pues es bien del Estado.
Sobre la posibilidad de que los detenidos declaren quiénes les ordenó el traslado de mercadería de contrabando, Ardaya sostuvo que la Fiscalía se encargará de la investigación y tomará declaraciones. “Tengo el compromiso del comandante general”, destacó.Investigación
El representante del Ministerio Público de Oruro, Gonzalo Martínez, dijo que designaron al fiscal Jacinto Aguilar para que investigue el caso y que hasta ayer nadie había presentado documentación que avale el ingreso de los productos.
Señaló que se pedirá al comandante general de las FFAA que presente un informe acerca de las circunstancias de la salida del camión militar perteneciente al Regimiento Mejillones.
Enfatizó que la investigación será minuciosa ya que la lucha contra el contrabando es efectuada por el personal de COA, el Ministerio Público y las FFAA. “Esta investigación no tendrá ningún privilegio, sino que se realizará como todas las demás”, aseguró la autoridad.
Martínez dijo que recibió amenazas vía teléfono de un militar por convocar la rueda de prensa, pero minimizó el hecho indicando que es un tema rutinario de la actividad que desarrolla. “Las personas llaman, porque ven afectados sus intereses”, precisó.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que pedirá duras sanciones contra los militares sorprendidos si el Ministerio Público confirma que son responsables.
En Aduana señalaron que es la primera vez que, además de infringir la Ley de Aduanas, los militares serán juzgados por la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues se trata de funcionarios públicos.
“La Aduana se querelló contra los involucrados por el uso indebido de influencias y bienes públicos e incumplimiento de deberes.
Es un caso sui generis porque están “ba jo bandera”, explicó Ardaya.
La ley de fronteras establece que cuando se produce un decomiso de mercaderías de contrabando que supere 50 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), unos 80 mil bolivianos, proceden sanciones penales de ocho a 10 años de reclusión.
Según Ardaya es un caso aislado, por lo que no se debe involucrar a una institución como las Fuerzas Armadas (FFAA).
Respecto al camión militar, la presidenta de Aduana aclaró que el artículo 181 del Código Tributario no permite su decomiso, pues es bien del Estado.
Sobre la posibilidad de que los detenidos declaren quiénes les ordenó el traslado de mercadería de contrabando, Ardaya sostuvo que la Fiscalía se encargará de la investigación y tomará declaraciones. “Tengo el compromiso del comandante general”, destacó.Investigación
El representante del Ministerio Público de Oruro, Gonzalo Martínez, dijo que designaron al fiscal Jacinto Aguilar para que investigue el caso y que hasta ayer nadie había presentado documentación que avale el ingreso de los productos.
Señaló que se pedirá al comandante general de las FFAA que presente un informe acerca de las circunstancias de la salida del camión militar perteneciente al Regimiento Mejillones.
Enfatizó que la investigación será minuciosa ya que la lucha contra el contrabando es efectuada por el personal de COA, el Ministerio Público y las FFAA. “Esta investigación no tendrá ningún privilegio, sino que se realizará como todas las demás”, aseguró la autoridad.
Martínez dijo que recibió amenazas vía teléfono de un militar por convocar la rueda de prensa, pero minimizó el hecho indicando que es un tema rutinario de la actividad que desarrolla. “Las personas llaman, porque ven afectados sus intereses”, precisó.
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