La Paz |En un amplio comunicado publicado ayer en varios medios impresos del país, el director de Planificación del Grupo de Cementos de Chihuahua (GCC) empresa mexicana, socia de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Jaime Fernández, expresó su profunda preocupación por el prolongado incumplimiento del compromiso de pago por las acciones de Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) de Sucre.
En el documento los empresarios mexicanos recuerdan al Gobierno "el plazo fijado por un decreto supremo, que expropió las acciones de Soboce en Fancesa, expiró hace casi dos meses y aunque una empresa externa ya ha entregado el avalúo del monto que debe pagarse a Soboce, no hay señales sobre el cumplimiento de esa responsabilidad legal y ni siquiera se ha hecho público el resultado del avalúo". Respeto
El representante de GCC expresó, que espera que se respeten y cumplan todos los artículos del Decreto 0616, dictados el 1 de septiembre de 2010 po r el propio Gobierno boliviano.
El Decreto Supremo 0616 determinó la reversión del 33 por ciento de las acciones de Fancesa en favor de la gobernación de Chuquisaca y fijó un plazo de 180 días para que se realice un informe sobre el valor de las acciones que deben ser pagadas a su antiguo accionista, Soboce.
"Algunos días antes de que la Gobernación de Chuquisaca reciba el resultado, Soboce dio a conocer las conclusiones del estudio encomendado a una empresa internacional independiente, según las cuales el valor actual de Fancesa es de 280 millones de dólares. Un tercio del valor de Fancesa debería pagarse a Soboce", señala el documento publicado por la empresa mexicana.“Acción Política”
Para el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, la imputación contra el jefe político y principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, es una acción "política" que pone en riesgo la estabilidad empresarial en el país y las fuentes de empleo de cien tos de trabajadores.
Navarro añadió que congelar las cuentas de So boce vulnera la propia Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza la seguridad jurídica de las inversiones.
"La acción del Ministerio Público es estrictamente política, el objetivo es dañar la imagen del único político que tiene el perfil de economista. Hubo una licitación internacional para las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (Fansesa) por lo tanto no es evidente que hubo tráficos de influencias", dijo a la empresa de televisión Red Uno.
El 15 de abril la juez Tercera de Partido en Materia Civil y Comercial, Betty Nogales ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Soboce por un presunto daño económico de 100 millones de dólares al gobierno municipal de Sucre poniendo en riesgo la producción de cemento.
En el documento los empresarios mexicanos recuerdan al Gobierno "el plazo fijado por un decreto supremo, que expropió las acciones de Soboce en Fancesa, expiró hace casi dos meses y aunque una empresa externa ya ha entregado el avalúo del monto que debe pagarse a Soboce, no hay señales sobre el cumplimiento de esa responsabilidad legal y ni siquiera se ha hecho público el resultado del avalúo". Respeto
El representante de GCC expresó, que espera que se respeten y cumplan todos los artículos del Decreto 0616, dictados el 1 de septiembre de 2010 po r el propio Gobierno boliviano.
El Decreto Supremo 0616 determinó la reversión del 33 por ciento de las acciones de Fancesa en favor de la gobernación de Chuquisaca y fijó un plazo de 180 días para que se realice un informe sobre el valor de las acciones que deben ser pagadas a su antiguo accionista, Soboce.
"Algunos días antes de que la Gobernación de Chuquisaca reciba el resultado, Soboce dio a conocer las conclusiones del estudio encomendado a una empresa internacional independiente, según las cuales el valor actual de Fancesa es de 280 millones de dólares. Un tercio del valor de Fancesa debería pagarse a Soboce", señala el documento publicado por la empresa mexicana.“Acción Política”
Para el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, la imputación contra el jefe político y principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, es una acción "política" que pone en riesgo la estabilidad empresarial en el país y las fuentes de empleo de cien tos de trabajadores.
Navarro añadió que congelar las cuentas de So boce vulnera la propia Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza la seguridad jurídica de las inversiones.
"La acción del Ministerio Público es estrictamente política, el objetivo es dañar la imagen del único político que tiene el perfil de economista. Hubo una licitación internacional para las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (Fansesa) por lo tanto no es evidente que hubo tráficos de influencias", dijo a la empresa de televisión Red Uno.
El 15 de abril la juez Tercera de Partido en Materia Civil y Comercial, Betty Nogales ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Soboce por un presunto daño económico de 100 millones de dólares al gobierno municipal de Sucre poniendo en riesgo la producción de cemento.
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