La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) prefirió no responder ayer a los ataques del vicepresidente Álvaro García Linera y anunció que se concentra en las medidas legales que interpuso para revertir la orden de congelamiento de sus cuentas.
“Soboce no comentará las declaraciones del Vicepresidente”, informó una fuente de la empresa.
En tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) criticó la orden judicial contra la compañía y exigió al Gobierno garantías para las inversiones nacionales.
El Vicepresidente pidió ayer a la cementera garantizar la producción del principal insumo de construcción en el mercado interno y “dejar de chantajear” con posibles riesgos de suministro por la orden de la jueza de Partido Tercero en lo Civil de Sucre, Betty Nogales.
En rueda de prensa en La Paz, García Linera llamó “chambones e incapaces” a los inversionistas porque, dijo, no invirtieron recursos suficientes para ampliar l a producción de cemento, pese al crecimiento de la demanda.
“No puede quejarse (Samuel) Doria Medina), más bien si hubiera sido un buen economista hubiera sido astuto y decir que este país está creciendo 13 por ciento por qué no hace otra fábrica más, pero no lo hizo, se dedicó a realizar otras cosas y no fijarse en su empresa”, agregó el Vicepresidente.
Nogales ordenó la pasada semana el congelamiento de cuentas de la cementera en el sistema financiero, la anotación de activos en su planta de Viacha, la retención de sus dividendos en Fancesa y la suspensión del pago por las acciones que el año pasado fueron revertidas al Estado.
García Linera dijo que el directorio de Soboce debe asumir defensa y agregó que “el Gobierno no se mete en ese tema legal”.Medidas “fuertes”
El Vicepresidente advirtió que el Gobierno podría tomar medidas “fuertes” para garantizar el abastecimiento de cemento, aunque no dijo cuáles.
“Nuestro pedido es que produzcan, inviertan más y no chanta jeen el país y al Gobierno porque tomaremos medidas fuertes para garantizar el abastecimiento de cemento”, indicó.
El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, dijo el lunes pasado que la empresa presentó un recurso de apelación para revertir el fallo judicial que, advirtió, pone en riesgo más de 4 mil empleos directos e indirectos.
“Soboce no comentará las declaraciones del Vicepresidente”, informó una fuente de la empresa.
En tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) criticó la orden judicial contra la compañía y exigió al Gobierno garantías para las inversiones nacionales.
El Vicepresidente pidió ayer a la cementera garantizar la producción del principal insumo de construcción en el mercado interno y “dejar de chantajear” con posibles riesgos de suministro por la orden de la jueza de Partido Tercero en lo Civil de Sucre, Betty Nogales.
En rueda de prensa en La Paz, García Linera llamó “chambones e incapaces” a los inversionistas porque, dijo, no invirtieron recursos suficientes para ampliar l a producción de cemento, pese al crecimiento de la demanda.
“No puede quejarse (Samuel) Doria Medina), más bien si hubiera sido un buen economista hubiera sido astuto y decir que este país está creciendo 13 por ciento por qué no hace otra fábrica más, pero no lo hizo, se dedicó a realizar otras cosas y no fijarse en su empresa”, agregó el Vicepresidente.
Nogales ordenó la pasada semana el congelamiento de cuentas de la cementera en el sistema financiero, la anotación de activos en su planta de Viacha, la retención de sus dividendos en Fancesa y la suspensión del pago por las acciones que el año pasado fueron revertidas al Estado.
García Linera dijo que el directorio de Soboce debe asumir defensa y agregó que “el Gobierno no se mete en ese tema legal”.Medidas “fuertes”
El Vicepresidente advirtió que el Gobierno podría tomar medidas “fuertes” para garantizar el abastecimiento de cemento, aunque no dijo cuáles.
“Nuestro pedido es que produzcan, inviertan más y no chanta jeen el país y al Gobierno porque tomaremos medidas fuertes para garantizar el abastecimiento de cemento”, indicó.
El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, dijo el lunes pasado que la empresa presentó un recurso de apelación para revertir el fallo judicial que, advirtió, pone en riesgo más de 4 mil empleos directos e indirectos.
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