Como oportuna, positiva y previsible fue calificada por analistas económicos la intención gubernamental de revisar, a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los contratos de crédito que ofrecen las entidades bancarias del sistema; pero advirtieron que los alcances de la norma prevista en la nueva Ley de Bancos deben ser consensuados con las entidades financieras.
“Ya era hora de que el Gobierno se ocupe de uno de los sectores que ha ganado la mayor cantidad de dinero del sector formal. En este proceso de cambio, el sistema financiero ha duplicado su patrimonio y triplicado sus ganancias”, sostuvo el analista económico Julio Alvarado.
A tiempo de referir que en los últimos seis años la riqueza ha seguido concentrada pocas manos, Alvarado manifestó que la propuesta gubernamental de regular los créditos “sería buena porque se está lucrando demasiado con la economía de los clientes y del ciudadano de a pie que tiene necesidad de acceder a un crédito”.
Para el analista económico Samuel Soria, la revisión estatal de los contratos de crédito era previsible y debería concluir con la revisión de las tasas activas y pasivas de interés, en beneficio de miles de boliviano que, en última instancia, se ven obligados a aceptar las elevadas tasas de interés de la banca nacional.
“Considerando que la banca ha obtenido grandes utilidades en los últimos años, el Gobierno considera que es hora que el sector financiero participe en la construcción del cambio nacional, estableciendo tasas de intereses prudentes y accesibles”, sostuvo.
Sin embargo, el analista económico Waldo López consideró que es incorrecto que el Estado pretenda imponer cláusulas dentro de un contrato de crédito bancario porque los contratos son privados y las entidades bancarias tienen todo el derecho de establecer los acuerdos que vean convenientes en el marco del Código de Comercio y otras normas que regulan las re laciones de transacción comercial.
“La buena voluntad del Go bierno de querer mejorar las tasas activas y las pasivas, no debiera ser una causa para debilitar al sistema bancario; habría que buscar más bien fortalecerlo, considerando que es clave para el crecimiento de la economía”, sostuvo.
Recomendó al gabinete económico del Gobierno actuar con cautela y, sobre todo, sentarse a discutir éste y otros temas propuestos por la nueva Ley de Bancos con la Asociación de Bancos de Bolivia y otras entidades financieras.
Considerando que los beneficiarios de la nueva Ley de Bancos serán todas aquellas personas que sacan préstamo de los bancos, Alvarado sugirió revisar las condiciones, requisitos y garantías “que son leoninas cuando uno quiere sacar algún crédito”. Agregó que además de fijar las tasas de intereses, el Gobierno debe regular la diferencia que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, cuánto de interés paga el banco al que se presta dinero y cuánto paga a quienes depositan.
“Ya era hora de que el Gobierno se ocupe de uno de los sectores que ha ganado la mayor cantidad de dinero del sector formal. En este proceso de cambio, el sistema financiero ha duplicado su patrimonio y triplicado sus ganancias”, sostuvo el analista económico Julio Alvarado.
A tiempo de referir que en los últimos seis años la riqueza ha seguido concentrada pocas manos, Alvarado manifestó que la propuesta gubernamental de regular los créditos “sería buena porque se está lucrando demasiado con la economía de los clientes y del ciudadano de a pie que tiene necesidad de acceder a un crédito”.
Para el analista económico Samuel Soria, la revisión estatal de los contratos de crédito era previsible y debería concluir con la revisión de las tasas activas y pasivas de interés, en beneficio de miles de boliviano que, en última instancia, se ven obligados a aceptar las elevadas tasas de interés de la banca nacional.
“Considerando que la banca ha obtenido grandes utilidades en los últimos años, el Gobierno considera que es hora que el sector financiero participe en la construcción del cambio nacional, estableciendo tasas de intereses prudentes y accesibles”, sostuvo.
Sin embargo, el analista económico Waldo López consideró que es incorrecto que el Estado pretenda imponer cláusulas dentro de un contrato de crédito bancario porque los contratos son privados y las entidades bancarias tienen todo el derecho de establecer los acuerdos que vean convenientes en el marco del Código de Comercio y otras normas que regulan las re laciones de transacción comercial.
“La buena voluntad del Go bierno de querer mejorar las tasas activas y las pasivas, no debiera ser una causa para debilitar al sistema bancario; habría que buscar más bien fortalecerlo, considerando que es clave para el crecimiento de la economía”, sostuvo.
Recomendó al gabinete económico del Gobierno actuar con cautela y, sobre todo, sentarse a discutir éste y otros temas propuestos por la nueva Ley de Bancos con la Asociación de Bancos de Bolivia y otras entidades financieras.
Considerando que los beneficiarios de la nueva Ley de Bancos serán todas aquellas personas que sacan préstamo de los bancos, Alvarado sugirió revisar las condiciones, requisitos y garantías “que son leoninas cuando uno quiere sacar algún crédito”. Agregó que además de fijar las tasas de intereses, el Gobierno debe regular la diferencia que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, cuánto de interés paga el banco al que se presta dinero y cuánto paga a quienes depositan.
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