La proyectada reducción del crédito fiscal por la compra de carburantes representa “apenas un paliativo” frente a los más de 1.060 millones de dólares requeridos para pagar, en 2013, por la importación de hidrocarburos, coincidieron en señalar ayer los analistas económicos Gonzalo Chávez, Waldo López y José Luis Evia.
“Cuando uno está hablando de un subsidio a los carburantes por encima de 1.060 millones de dólares, querer conseguir cerca de 50 millones de dólares con esta reducción es demasiado poco”, sostuvo Chávez. Advirtió, sin embargo, que el impacto social de la medida en la población, especialmente en las clases medias y los trabajadores que utilizan automóviles, será muy grande porque, de alguna manera, se trata de un impuesto indirecto para los asalariados y los formales, entre ellos el transporte público que se verá afectado en sus ingresos.
Reiteró que la medida, “al margen de afectar a un grupo social determinado, no resuelve el problema, porque falta 990 millones de dólares para este tema fiscal”.
Dijo que no entiende cómo el Gobierno coloca bonos a nivel internacional, teniendo que pagar en intereses 22 millones de dólares a capitales externos, “cuando ahora le clava un nuevo impuesto de 49 millones de dólares al bolsillo de las clases pobres, medias y trabajadoras que tienen un automóvil o usan el transporte público”.
A tiempo de reiterar que los directamente afectados por la medida serán los que tienen un vehículo propio o realizan servicio público, López dijo que, en términos de recaudación, el monto no será muy grande, comparado con el valor final de la subvención.
Añadió que todos los sectores del transporte sindicalizado, nacional e internacional, podrían utilizar como pretexto este argumento, que tiene justificación, para poder incluso plantear un reajuste en sus tarifas.
“En mi criterio, es una media que no tiene una significación grande en términos de recaudación; tampoco va a llegar a disminuir sustancialmente la s ubvención prevista a los hidrocarburos”, sostuvo.
Para López, el tema de fondo es transformar el parque automotor nacional a gas, establecer incentivos a la importación de vehículos a gas y transformar gradualmente el sistema de combustión a gas de todos aquellos autos consumidores de gasolina y diésel.
Por su parte, Evia dijo que la reducción del crédito fiscal repercutirá en una mayor recaudación gubernamental del Impuesto al Valor Agregado (IVA), consiguientemente en una recaudación, también mayor, para el Estado. “Es como si el Gobierno estaría aplicando un nuevo impuesto”, comentó.
“En realidad se trata de una nueva forma de recaudar recursos o de buscar ingresos adicionales, que en principio irían a compensar en un poco lo que se gasta por el subsidio a los carburantes”, sostuvo.
“Cuando uno está hablando de un subsidio a los carburantes por encima de 1.060 millones de dólares, querer conseguir cerca de 50 millones de dólares con esta reducción es demasiado poco”, sostuvo Chávez. Advirtió, sin embargo, que el impacto social de la medida en la población, especialmente en las clases medias y los trabajadores que utilizan automóviles, será muy grande porque, de alguna manera, se trata de un impuesto indirecto para los asalariados y los formales, entre ellos el transporte público que se verá afectado en sus ingresos.
Reiteró que la medida, “al margen de afectar a un grupo social determinado, no resuelve el problema, porque falta 990 millones de dólares para este tema fiscal”.
Dijo que no entiende cómo el Gobierno coloca bonos a nivel internacional, teniendo que pagar en intereses 22 millones de dólares a capitales externos, “cuando ahora le clava un nuevo impuesto de 49 millones de dólares al bolsillo de las clases pobres, medias y trabajadoras que tienen un automóvil o usan el transporte público”.
A tiempo de reiterar que los directamente afectados por la medida serán los que tienen un vehículo propio o realizan servicio público, López dijo que, en términos de recaudación, el monto no será muy grande, comparado con el valor final de la subvención.
Añadió que todos los sectores del transporte sindicalizado, nacional e internacional, podrían utilizar como pretexto este argumento, que tiene justificación, para poder incluso plantear un reajuste en sus tarifas.
“En mi criterio, es una media que no tiene una significación grande en términos de recaudación; tampoco va a llegar a disminuir sustancialmente la s ubvención prevista a los hidrocarburos”, sostuvo.
Para López, el tema de fondo es transformar el parque automotor nacional a gas, establecer incentivos a la importación de vehículos a gas y transformar gradualmente el sistema de combustión a gas de todos aquellos autos consumidores de gasolina y diésel.
Por su parte, Evia dijo que la reducción del crédito fiscal repercutirá en una mayor recaudación gubernamental del Impuesto al Valor Agregado (IVA), consiguientemente en una recaudación, también mayor, para el Estado. “Es como si el Gobierno estaría aplicando un nuevo impuesto”, comentó.
“En realidad se trata de una nueva forma de recaudar recursos o de buscar ingresos adicionales, que en principio irían a compensar en un poco lo que se gasta por el subsidio a los carburantes”, sostuvo.
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