Cancún, México | ApEl Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó a 36 personas y 16 empresas por fraude y corrupción durante 2009, de la cuales cinco compañías y 19 individuos que ejecutan sus proyectos están en Bolivia, de acuerdo con un informe publicado ayer.
El Informe Anual 2009 de la Oficina de Integridad Institucional (OII) apunta a que de las 309 consultas y denuncias recibidas por la oficina, se investigaron 152.
Del total, el 69 por ciento de los casos correspondió a denuncias de fraude y corrupción. El resto fue por malversación, soborno, falsificación de calificaciones, conflictos de interés y manipulación de procesos de licitación.
La mayoría de las sanciones fue en América Latina, especialmente en Guatemala donde se sancionó a 14 personas y ocho empresas y en Bolivia con 19 sanciones individuales y cinco a empresas.
En Guatemala, algunas de las empresas que cometieron irregularidades fueron Proyectos Elite, Sistemas de Investigación de Mercados SA (SIM) y Owner of Diseño y Construcción en Ingeniería Civil y Agrícola S.A.
Las sanciones van desde una reprimenda, condicionamiento para futuras contrataciones o el veto de participar de proyectos futuros con el BID, dependiendo de las infracciones.
El Informe Anual 2009 de la Oficina de Integridad Institucional (OII) apunta a que de las 309 consultas y denuncias recibidas por la oficina, se investigaron 152.
Del total, el 69 por ciento de los casos correspondió a denuncias de fraude y corrupción. El resto fue por malversación, soborno, falsificación de calificaciones, conflictos de interés y manipulación de procesos de licitación.
La mayoría de las sanciones fue en América Latina, especialmente en Guatemala donde se sancionó a 14 personas y ocho empresas y en Bolivia con 19 sanciones individuales y cinco a empresas.
En Guatemala, algunas de las empresas que cometieron irregularidades fueron Proyectos Elite, Sistemas de Investigación de Mercados SA (SIM) y Owner of Diseño y Construcción en Ingeniería Civil y Agrícola S.A.
Las sanciones van desde una reprimenda, condicionamiento para futuras contrataciones o el veto de participar de proyectos futuros con el BID, dependiendo de las infracciones.
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