Santa Cruz | El DeberOtra vez el juez Roque Leaños es noticia. Esta vez por haber accedido al pedido de excepción de Alberto Jorge Franco, abogado de Aly Marcelo Limón Camacho, que solicitó que esta causa tenga un proceso civil y no penal, como lo había planteado la Fiscalía.
Al acceder a esta demanda, el juez dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada por el fiscal Alberto Cornejo y las acusaciones de falsedad ideológica, uso de material falso y estafa agravada impulsada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que acusa a Limón de ser el principal responsable de una supuesta estafa de 2,3 millones de bolivianos por la compra de combustible y el posterior pago con 23 cheques observados.
Satisfecho por esta determinación, Franco explicó que al haber un documento donde su defendido reconoce una deuda y se compromete a pagarla, el tema pasa a ser de naturaleza patrimonial, que debe ser resuelto por un juez en lo civil.
“Tanto a Limón como a Eliane Ingri Rojas Suárez (asesora legal de la empresa del acusado) ya no les pesa ninguna demanda penal. Lo que resta es llegar a una conciliación con YPFB y pagar nuestra deuda y que ellos también lo hagan, pues se debe recordar que por el transporte de combustible Yacimientos reconoció que nos deben 2,5 millones de bolivianos”, sostuvo Franco.Apelación
La noticia cayó como un balde de agua fría en el equipo de abogados de la estatal petrolera que tardó en reaccionar y casi al filo del horario establecido por la Corte Superior de Distrito presentó una apelación incidental contra la resolución de Leaños.
Todavía agitada por la corrida, Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, remarcó que esta excepción provocó agravios, pues la decisión del juez no ha valorado una serie de delitos y la participación activa de Limón en ellos.
“No se puede dejar sin efecto un proceso penal por un documento que creen que es de carácter civil”, sostuvo Ra mírez que afirmó que YPFB no se presentará al fuero civil y que no se descarta acusar al juez por prevaricato.
En cuanto al avance de la causa, Cornejo tomó declaración informativa a Pablo Cañipa, director Legal de Yacimientos, y sobre la determinación de Leaños el fiscal se mostró molesto y subrayó que esto es grave porque entorpece el caso y lo lleva a “foja cero”.
Al acceder a esta demanda, el juez dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada por el fiscal Alberto Cornejo y las acusaciones de falsedad ideológica, uso de material falso y estafa agravada impulsada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que acusa a Limón de ser el principal responsable de una supuesta estafa de 2,3 millones de bolivianos por la compra de combustible y el posterior pago con 23 cheques observados.
Satisfecho por esta determinación, Franco explicó que al haber un documento donde su defendido reconoce una deuda y se compromete a pagarla, el tema pasa a ser de naturaleza patrimonial, que debe ser resuelto por un juez en lo civil.
“Tanto a Limón como a Eliane Ingri Rojas Suárez (asesora legal de la empresa del acusado) ya no les pesa ninguna demanda penal. Lo que resta es llegar a una conciliación con YPFB y pagar nuestra deuda y que ellos también lo hagan, pues se debe recordar que por el transporte de combustible Yacimientos reconoció que nos deben 2,5 millones de bolivianos”, sostuvo Franco.Apelación
La noticia cayó como un balde de agua fría en el equipo de abogados de la estatal petrolera que tardó en reaccionar y casi al filo del horario establecido por la Corte Superior de Distrito presentó una apelación incidental contra la resolución de Leaños.
Todavía agitada por la corrida, Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, remarcó que esta excepción provocó agravios, pues la decisión del juez no ha valorado una serie de delitos y la participación activa de Limón en ellos.
“No se puede dejar sin efecto un proceso penal por un documento que creen que es de carácter civil”, sostuvo Ra mírez que afirmó que YPFB no se presentará al fuero civil y que no se descarta acusar al juez por prevaricato.
En cuanto al avance de la causa, Cornejo tomó declaración informativa a Pablo Cañipa, director Legal de Yacimientos, y sobre la determinación de Leaños el fiscal se mostró molesto y subrayó que esto es grave porque entorpece el caso y lo lleva a “foja cero”.
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