La Paz | AgenciasEl ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, dijo ayer que todo funcionario público que tenga “indicios” de responsabilidad en hechos de corrupción debe renunciar a su cargo para facilitar las investigaciones, en alusión a la situación actual del gerente nacional de Comercialización de la estatal petrolera, Gary Medrano, involucrado en el caso de presunta estafa de 2,3 millones de bolivianos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“La investigación debe desarrollarse para que se garantice la total transparencia. Creo que lo más conveniente es que toda persona que tenga indicios, y no denuncia, sino indicios de responsabilidad, creo que en aras de la transparencia del proceso, debe dejar su función”, indicó la autoridad.
Vincenti explicó que en el caso de Medrano, una vez determinada su inocencia o responsabilidad, debe ser YPFB quien decida sobre su continuidad o no en sus funciones.
“Vamos a e sperar que las instancias llamadas por Ley establezcan los procesos investigativos y además las responsabilidades y sanciones correspondientes; actuar de otra manera es interferir en el proceso de investigación”, agregó.
YPFB denunció en pasados días la compra de combustible por el empresario Marcelo Limón con 20 cheques sin fondo por un monto aproximado de 2,3 millones de bolivianos, caso en el que se encuentran involucradas varias autoridades de la Gerencia de Comercialización distrital Santa Cruz.
Por el caso, más de una decena de funcionarios de la estatal petrolera fueron suspendidos hasta que concluya la investigación, excepto Medrano a pesar de que el fiscal que lleva adelante la investigación, Alberto Cornejo, dijo que éste sería convocado a declarar próximamente, pero en calidad de imputado.Investigación
Respecto a los avances de la pesquisa, Vincenti señaló que se debe “esperar el resultado de las investigaciones que están en curso&rdqu o; y agregó que el lunes pasado insistió a la Unidad de Transparencia de su despacho que “culmine su trabajo” para aportar a los procesos.
El Ministro agregó que el caso de la estafa de 2,37 millones de bolivianos fue alertado por el ministerio de Hidrocarburos, puesto que la Unidad de Transparencia fue enviada a Santa Cruz después de Carnaval para investigar. Una vez conocido su informe sobre presuntas irregularidades éstas fueron comunicadas al ministerio de Transparencia y a YPFB.
Las medidas administrativas en la estatal petrolera y los procesos legales en la Fiscalía fueron adoptadas a raíz del informe que emitió el ministerio de Hidrocarburos, reiteró la autoridad al indicar que fue en cumplimiento de las competencias específicas que tiene esta dependencia estatal.
“La investigación debe desarrollarse para que se garantice la total transparencia. Creo que lo más conveniente es que toda persona que tenga indicios, y no denuncia, sino indicios de responsabilidad, creo que en aras de la transparencia del proceso, debe dejar su función”, indicó la autoridad.
Vincenti explicó que en el caso de Medrano, una vez determinada su inocencia o responsabilidad, debe ser YPFB quien decida sobre su continuidad o no en sus funciones.
“Vamos a e sperar que las instancias llamadas por Ley establezcan los procesos investigativos y además las responsabilidades y sanciones correspondientes; actuar de otra manera es interferir en el proceso de investigación”, agregó.
YPFB denunció en pasados días la compra de combustible por el empresario Marcelo Limón con 20 cheques sin fondo por un monto aproximado de 2,3 millones de bolivianos, caso en el que se encuentran involucradas varias autoridades de la Gerencia de Comercialización distrital Santa Cruz.
Por el caso, más de una decena de funcionarios de la estatal petrolera fueron suspendidos hasta que concluya la investigación, excepto Medrano a pesar de que el fiscal que lleva adelante la investigación, Alberto Cornejo, dijo que éste sería convocado a declarar próximamente, pero en calidad de imputado.Investigación
Respecto a los avances de la pesquisa, Vincenti señaló que se debe “esperar el resultado de las investigaciones que están en curso&rdqu o; y agregó que el lunes pasado insistió a la Unidad de Transparencia de su despacho que “culmine su trabajo” para aportar a los procesos.
El Ministro agregó que el caso de la estafa de 2,37 millones de bolivianos fue alertado por el ministerio de Hidrocarburos, puesto que la Unidad de Transparencia fue enviada a Santa Cruz después de Carnaval para investigar. Una vez conocido su informe sobre presuntas irregularidades éstas fueron comunicadas al ministerio de Transparencia y a YPFB.
Las medidas administrativas en la estatal petrolera y los procesos legales en la Fiscalía fueron adoptadas a raíz del informe que emitió el ministerio de Hidrocarburos, reiteró la autoridad al indicar que fue en cumplimiento de las competencias específicas que tiene esta dependencia estatal.
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