Activan plan de vivienda fabril

viernes, 20 de agosto de 2010

La Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba y el Viceministerio de Vivienda demandaron al Municipio de Sacaba y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) destrabar el plan de vivienda fabril “Esmeralda”, que se encuentra congelado desde hace tres años debido a que un 80 por ciento de los terrenos se encuentra por encima de la cota 2.750.
Los planos de la urbanización Esmeralda –concebida por los ferroviarios y ubicada al norte de Huayllani– fueron debidamente aprobados mediante resolución municipal el año 1988 y tres años después –en 1991–, recién se aprobaron las normativas medioambientales de protección del Parque Nacional Tunari.
El secretario de Vivienda de la federación de fabriles, Mario Quilo, dijo que la excesiva burocracia y trabas de carácter técnico de parte de funcionarios del Municipio de Sacaba impiden encontrar una solución al problema planteado hace tres años, cuando empezaron los trámites para benefic iarse con una vivienda del Subprograma III del Programa de Vivienda Social y Solidaria que impulsa el Gobierno.
“La ubicación de los terrenos sobre la cota 2.750 del parque Tunari es un problema irresuelto por el Municipio de Sacaba, que no nos permite avanzar en el acceso a una vivienda social, que está impulsando el Gobierno”, sostuvo. 
A la fecha, el plan de vivienda fabril accedió a un crédito de 9 millones de bolivianos, pagaderos en 20 años y con un interés anual del tres por ciento, para cubrir la compra del lote de 300 metros cuadros promedio y construcción de una vivienda de tres dormitorios, living-comedor, baño y cocina sobre una superficie de 90 metros cuadrados.
En criterio del responsable regional del Viceministerio de Vivienda, Marcelo Delgado, la problemática del plan de vivienda fabril es muy compleja porque si bien la urbanización Esmeralda fue aprobada el año 1988, existe la Ley del Parque Nacional Tunari de 1991 que prohíbe específica mente la construcción de viviendas de tipo urbano en esa zona.
&ld quo;Hay una dificultad de orden legal, donde existe necesidad de establecer qué instrumento legal tendría que sobreponerse para tomar decisiones: la resolución municipal del 88 o la ley del Tunari de 1991”, sostuvo. 

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