Los indígenas en cuyos territorios son o serán ejecutados proyectos de gran impacto ambiental piden al Gobierno cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), respetar el derecho a la consulta previa y participación de todos y ser imparcial en los procesos de gestión del medio ambiente.
El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Sergio Hinojosa, dice que aunque el cumplimiento obligatorio de la consulta está en la ley, en los hechos el Gobierno no respeta este requisito indispensable.
“Lamentablemente, los ministros y el Gobierno no están respetando, por eso el Conamaq está demandado la aplicación de la consulta, para dar curso a los proyectos dentro nuestros territorios, como está en la constitución, en el convenio 169 y de las Naciones Unidas”, indica.
Agrega que los indígenas no están en contra de los proyectos, “pero vamos a exigir el respeto al derecho a la consulta, luchamos por el desarrollo de las comunidades, pero no podemos quedarnos con la contaminación, sino ¿de qué proyectos y de qué desarrollo hablaríamos?”.
El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Remberto Justiniano, dice que es preocupante el intento de dividir a las organizaciones para que sólo algunos aprueben los proyectos y de esta manera se agilice la entrega de las licencias ambientales.
“Preocupa cuando empiezan a dividir las organizaciones para entregar las licencias, para que personas individuales puedan ser beneficiadas con los recursos. Bajo una resolución ministerial se están entregando las licencias a las entidades que hacen el aprovechamiento, pero ahí está la división, hay doble directorio de las organizaciones indígenas”, señala.
Proyectos
Justiniano dice que el Ejecutivo debe hacer la consulta a los indígenas y comunarios en territorios en los que estén los planes de ejecución no sólo grandes proyectos de desarrollo sino de todo tipo.
&ldq uo;Temas como las carreteras, el aprovechamiento de la madera, de los lagartos que corresponden más a planes de manejo integral que tienen que ver con el manejo sostenible del medio ambiente, para todo eso el Gobierno tiene que hacer las consultas”, indica.
El dirigente añade que las licencias ambientales deben ser entregadas sólo después de que las instancias gubernamentales han comprobado que los proyectos no generarán daños en los bosques, los animales y el agua.
Esperan proyecto de ley
El principal dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, dice que el Gobierno se comprometió a elaborar una propuesta que eleve a rango de ley el derecho a la consulta no sólo en el tema hidrocarburífero sino también en el caminero, conexión eléctrica y por regiones distintas.
“Hay que trabajar en la norma, en eso estamos desde esta semana que se terminó una primera etapa”, indica.
Chávez recuerda que la marcha protagoniza por la Cidob hace pocas semanas tenía como demanda que el G obierno respete el derecho a la consulta.
“Si el Gobierno va querer imponer proyectos sin la consulta previa, tendría que actuar como actuó el Gobierno de Perú, con violencia… murieron los hermanos amazónicos porque no les consultaron, no se respetaron sus derechos”, dice.
Para el principal dirigente de la Cidob hay varios megaproyectos que deben tener la participación de los pueblos como el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“El procedimiento establece que debe existir un proyecto a diseño final, tener la consulta previa y otorgar la licencia ambiental. La carretera a Beni no tiene el proyecto acabado como para que se haga la ficha ambiental”, cuestiona.
El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Sergio Hinojosa, dice que aunque el cumplimiento obligatorio de la consulta está en la ley, en los hechos el Gobierno no respeta este requisito indispensable.
“Lamentablemente, los ministros y el Gobierno no están respetando, por eso el Conamaq está demandado la aplicación de la consulta, para dar curso a los proyectos dentro nuestros territorios, como está en la constitución, en el convenio 169 y de las Naciones Unidas”, indica.
Agrega que los indígenas no están en contra de los proyectos, “pero vamos a exigir el respeto al derecho a la consulta, luchamos por el desarrollo de las comunidades, pero no podemos quedarnos con la contaminación, sino ¿de qué proyectos y de qué desarrollo hablaríamos?”.
El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Remberto Justiniano, dice que es preocupante el intento de dividir a las organizaciones para que sólo algunos aprueben los proyectos y de esta manera se agilice la entrega de las licencias ambientales.
“Preocupa cuando empiezan a dividir las organizaciones para entregar las licencias, para que personas individuales puedan ser beneficiadas con los recursos. Bajo una resolución ministerial se están entregando las licencias a las entidades que hacen el aprovechamiento, pero ahí está la división, hay doble directorio de las organizaciones indígenas”, señala.
Proyectos
Justiniano dice que el Ejecutivo debe hacer la consulta a los indígenas y comunarios en territorios en los que estén los planes de ejecución no sólo grandes proyectos de desarrollo sino de todo tipo.
&ldq uo;Temas como las carreteras, el aprovechamiento de la madera, de los lagartos que corresponden más a planes de manejo integral que tienen que ver con el manejo sostenible del medio ambiente, para todo eso el Gobierno tiene que hacer las consultas”, indica.
El dirigente añade que las licencias ambientales deben ser entregadas sólo después de que las instancias gubernamentales han comprobado que los proyectos no generarán daños en los bosques, los animales y el agua.
Esperan proyecto de ley
El principal dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, dice que el Gobierno se comprometió a elaborar una propuesta que eleve a rango de ley el derecho a la consulta no sólo en el tema hidrocarburífero sino también en el caminero, conexión eléctrica y por regiones distintas.
“Hay que trabajar en la norma, en eso estamos desde esta semana que se terminó una primera etapa”, indica.
Chávez recuerda que la marcha protagoniza por la Cidob hace pocas semanas tenía como demanda que el G obierno respete el derecho a la consulta.
“Si el Gobierno va querer imponer proyectos sin la consulta previa, tendría que actuar como actuó el Gobierno de Perú, con violencia… murieron los hermanos amazónicos porque no les consultaron, no se respetaron sus derechos”, dice.
Para el principal dirigente de la Cidob hay varios megaproyectos que deben tener la participación de los pueblos como el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“El procedimiento establece que debe existir un proyecto a diseño final, tener la consulta previa y otorgar la licencia ambiental. La carretera a Beni no tiene el proyecto acabado como para que se haga la ficha ambiental”, cuestiona.
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